En palabras llanas se entiende por "moratoria constitucional" el mantener paralizado el proceso legislativo en el caso de iniciativas de reformas a la Constitución General de la República. Es decir, ni para atrás ni para adelante. No se aprueban, pero tampoco se desechan tales iniciativas.
Los tres partidos de oposición (PAN, PRI y PRD), a través de sus respectivos dirigentes nacionales, expresaron en días pasados su decisión de declararse en "moratoria constitucional". Lo cual, como era de esperarse, desató furibundas críticas y ataques de López Obrador.
Algunas de esas críticas presidenciales son francamente infantiles ("si no legislan, que no cobren", como si las iniciativas de AMLO constituyeran todo el quehacer de las Cámaras), pero entendibles tales críticas cuando se trata de golpear a los opositores, que es lo que no cesa de hacer el Ejecutivo. Son críticas efectistas ideadas para generar un impacto favorable entre sus seguidores, quienes no caen en la cuenta de que tal moratoria puede ser fácilmente anulada puesto que el partido de López Obrador con sus aliados tiene mayoría absoluta de legisladores en ambas Cámaras, mayoría que les permite dictaminar dichas iniciativas constitucionales y llevarlas al Pleno para su discusión y votación. Claro, para ser desechadas por carecer los legisladores del Presidente de mayoría calificada (dos terceras partes de los votos), pero sí de mayoría absoluta para anular "la moratoria".
Cuando el pasado domingo 17 de abril, después de mil peripecias, como se recordará, se discutió en la Cámara de Diputados la iniciativa de AMLO de modificaciones a la Constitución en materia eléctrica, y el dictamen fue desechado, el grueso de la opinión pública vio este rechazo como un gran triunfo de la oposición, y el oficialismo lo sintió como derrota. Fue de hecho una derrota. ¿Por qué entonces no repetir el ejercicio las veces que sea necesario?
Cabe recordar que el presidente López Obrador, en diversas ocasiones, ha externado su interés en la aprobación de al menos las siguientes tres reformas a la Constitución: una en materia electoral, ya presentada, otra para militarizar la Guardia Nacional, y una más de reforma fiscal, anunciada en múltiples ocasiones hasta antes de las elecciones federales de 2021.
Si la oposición obtiene en general buenos resultados ante la opinión pública, o al menos en amplios sectores de ésta, cuando con sus votos hace que se desechen iniciativas presidenciales de reforma constitucional, ¿cuál pudiera ser la razón para oponerse a la continuación del proceso legislativo de aquéllas hasta concluir en su desaprobación? Parece que esto no tiene lógica ni sentido, es decir, negarse a obtener un triunfo parlamentario. Tengo al respecto un par de hipótesis.
Tal vez esa actitud obedece a la socorrida práctica, relativamente común en México, de negociar la aprobación de una determinada propuesta legislativa de interés para algún grupo parlamentario, a cambio de que éste apruebe las que son de interés de otro u otros grupos parlamentarios. Es decir, intercambio de aprobaciones legislativas. Con el riesgo de aprobar -para bien o para mal- cosas trascendentes, canjeadas por baratijas. Oro por espejitos. Así es que para evitar cualquier tentación en ese sentido, mejor interrumpir el proceso legislativo. Esta es una de las dos hipótesis.
La otra probable explicación pudiera estar en evitar llegar hasta la última etapa del proceso legislativo, es decir, a la discusión y votación en el Pleno de las piezas de reformas a la Constitución. ¿La razón? Porque al llegar la hora de la verdad, los legisladores opositores son objeto de muy fuertes presiones, amenazas, chantajes (incluso sobre su vida privada) y aun ofrecimientos de compra de su voto (cooptación), como se vio surtió efecto en abril pasado en un diputado priista de Campeche.
Como infortunadamente no pocos legisladores de oposición, en particular del PRI, uno de ellos su propio dirigente nacional, como hemos visto en los últimas días, son altamente vulnerables a este tipo de prácticas, ciertamente innobles, principalmente en razón de que muchos de ellos no podrían explicar el origen lícito de su patrimonio, y menos aún si tienen que enfrentar al SAT y a la UIF como brazos políticos del oficialismo, por eso vale más "no menealle", es decir, "moratoria constitucional". De no ser cualquiera de estas dos, o ambas, ¿qué otra explicación puede haber?
