El COVID trae de cabeza al mundo. La Suprema Corte de Estados Unidos acaba de darle un palo al presidente Biden con una decisión 6 a 3. Decidió que el gobierno no tiene facultades para obligar a las empresas a vacunar a sus empleados.
El gobierno ordenó vacunas o el uso de tapabocas y pruebas semanales para 80 millones de personas. La Corte resolvió en contra en tanto "se trata de una invasión significativa en la vida y salud de un gran número de trabajadores".
Los liberales de la Corte, Stephen Breyer (conocedor del sistema mexicano), Sonia Sotomayor y Elene Kagan mostraron su recelo ante sus colegas conservadores y vulneraron la capacidad del gobierno federal de enfrentar la amenaza sin paralelo del COVID-19.
En su argumento de disenso preguntaron quién debe decidir sobre la protección de los trabajadores estadounidenses ante el COVID-19: ¿La dependencia que tiene el conocimiento sobre las condiciones sanitarias y de seguridad de los centros de trabajo, actuando bajo una ley expedida por el Congreso y con la decisión presidencial o "una Corte que carece del conocimiento de cómo salvaguardar los centros de trabajo y se retrae de la responsabilidad de cualquier daño que genere?".
El presidente Biden lamentó la decisión, pues bloquea los requerimientos del sentido común para salvar vidas que están sustentados tanto en la ley como en el conocimiento científico.
La manera de enfrentar la pandemia se ha politizado en el mundo. En términos generales la izquierda está por la intervención sanitaria estatal mientras la derecha conservadora le niega esa facultad al gobierno, privilegiando la decisión personal de cada persona sobre su salud y su cuerpo. Una ejemplificación de lo anterior fue que en la sesión de la Corte en que se habría de decidir si el gobierno federal puede ordenar vacunas a millones de trabajadores, uno de los juristas, Neil Gorsuch, totalmente conservador, se presentó a la sesión sin tapabocas, aun cuando la Suprema Corte invita a utilizar la protección sanitaria.
Mientras la Corte de EU considera que el Estado carece de facultades para obligar a medidas sanitarias que aconseja el sentido común: vacunas, tapabocas y pruebas de detección, en Australia se escenifica un escándalo deportivo de dimensión global.
Djokovic, el mejor jugador de tenis del momento y tal vez de la historia de este deporte, protagoniza un complicado partido al verse impedido a participar en el torneo abierto de Australia, uno de los cuatro grandes del mundo junto con París, Wimbledon y el de Estados Unidos. El tenista decidió no vacunarse y se ha convertido en la estrella polar de los anti vacunas. Por si no vacunarse fuera poco, Novak es el nombre de Djokovic que quiere decir en idioma global No vaccine (no vacuna).
El gobierno australiano le negó la visa lo que le impediría participar en la competencia. Combatió esta decisión en los tribunales australianos y ganó con lo que se pensaba que el asunto está zanjado. Solamente que el gobierno australiano decidió volver a revocar la visa en tanto Novak representa una figura que su presencia en Australia constituye "un riesgo para la salud pública".
En el fondo en EUA y en Australia se plantea una asunto no resuelto: qué debe prevalecer, la libertad personal de escudarse en un supuesto derecho al libre desarrollo de la personalidad y la propia salud o las reglas para combatir a la pandemia y el bienestar colectivo.
Twitter: @MarioMelgarA
