El atentado del que fue víctima el periodista Ciro Gómez Leyva es condenable desde todo punto de vista. Indigna, enoja, molesta. Confirma la vulnerabilidad del gremio. También la de los activistas sociales, o cualquier persona que por el simple acto de pensar diferente es blanco de la violencia. Sin embargo, la suerte de Ciro, de contar con un vehículo blindado, no fue la suerte de los 157 comunicadores que de 2000 a la fecha han perdido la vida en México en posible relación a su labor, según la organización Artículo 19. Y la de los miles que a diario reciben amenazas por opinar, investigar o cuestionar.
A la gran mayoría de periodistas amenazados o intimidados, no les habló el titular de la secretaría de seguridad pública minutos después de un suceso de violencia, ni el alcalde de su municipio o el gobernador de su entidad. Y no les hablaron porque a veces son las mismas autoridades las que hostigaron o amenazaron a esos colegas que se atrevieron a poner en jaque la comodidad del poder. Y desde luego quienes ejercen el oficio saben que no es lo mismo reportear a diario con una grabadora y una libreta de notas, que ser el titular de un espacio informativo de televisión nacional.
Sería bueno que un acto de violencia tan visible como el que sufrió Ciro Gómez Leyva, se convirtiera en una herramienta para evidenciar las carencias del gremio. Que no se convirtiera en materia de discusión de un pequeño círculo de la cerrada comentocracia periodística, sino que diera voz a miles de reporteros de medios tradicionales o independientes que día a día salen a lo largo y ancho de la geografía mexicana a ejercer el oficio. Entre más pequeño sea el municipio, más olvidado el gremio, y eso es algo que sabemos quiénes hemos reporteado en la calle.
Si bien se ha avanzado en la creación de programas y legislación para intentar proteger la labor de los comunicadores, habría que decir que solicitar el ingreso al Mecanismo de Protección para Periodistas es tan complejo como tardado. Y por lo que se ve, los doce colegas que perdieron la vida este año que aún no concluye, no tuvieron la suerte de tener un vehículo blindado o elementos de seguridad que los protegieran, y como dato más aterrador que duro, las familias de más de la mitad de ellos, enfrentaron un verdadero viacrucis para cubrir incluso los gastos funerarios.
Cuando se habla de los periodistas el público en general suele asociar el término con la imagen de unos cuantos que salen en la televisión o escuchan en las frecuencias nacionales de radio; pero la realidad es que no representan ni el uno por ciento de los profesionales que ejercen el oficio en el país. Reporteros, fotógrafos, video-reporteros, editores, que se enfrentan a empresarios, políticos, funcionarios públicos y miembros del crimen organizado que les recuerdan a diario que están solos, que muchos de ellos incluso se juegan la vida por un salario tan bajo, como la posibilidad de que la justicia los proteja.
Como de costumbre la polarización que atraviesa el país se ha vuelto en un arma que los partidos políticos han sabido aprovechar muy bien a su favor. Cuando un reportero publica algo incomodo, la primera descalificación es decir que lo hace a nombre de los opositores. Y el mensaje logra que incluso la propia sociedad lo crea y riegue esas descalificaciones como pólvora seca en el fértil campo de las redes sociales, dónde todo el mundo comparte sin siquiera tomarse la molestia de leer o verificar la fuente, mucho menos investigar el trasfondo.
Bajo la defensa de la libertad de expresión unos cuantos se enarbolan, pero eso no significa que defiendan el gremio, el oficio o procuren mejores condiciones laborales para quienes lo ejercen, sino que encausan sus gritos e indignación hacia un interés personal, generalmente económico. ¿Qué pasará en México con todos esos periodistas amenazados que no cuentan con un vehículo blindado? ¿Estará en la agenda de los secretarios de seguridad pública y gobernadores, hablarle y apresurar las investigaciones de todos los colegas amenazados? Es mucho pedir.
Aunque si los gobernantes y funcionarios dejaran de hostigar a la prensa, o solapar a aquellos empresarios que también suelen hacerlo, ya sería un buen comienzo. Los elementos de seguridad, el blindaje vehicular y las puntuales investigaciones, podrían dejarse a aquellos que tienen la suerte de hacer parte de ese casi uno por ciento privilegiados. El simple acto de permitir que el otro 99 por ciento pueda ejercer con libertad su oficio, sería un deseado regalo de navidad a propósito de la fiesta que esta por celebrarse.
No está demás repetirlo, es deplorable y triste la experiencia que tuvo que vivir Ciro. Nadie debería vivirla. Sea o no periodista. Pero dejar de levantar la voz por los colegas que ejercen el oficio en la absoluta desprotección, también es una obligación a la que nos deberíamos sumar todos. Un abrazo y mis mejores deseos de navidad.
@uyohan
