Un criterio para juzgar el grado de libertad en un país es cuánta seguridad jurídica tienen las minorías, ya sean raciales, étnicas, sexuales o políticas. ¿El gobierno las protege o las persigue?
Morena era un grupo relativamente pequeño cuando se fundó en 2011. En 2014, el INE le otorgó el registro como partido político nacional. Desde entonces, ha recibido sustanciales recursos públicos para organizarse y competir electoralmente. En el 2015 era una minoría. Obtuvo el 8.9 por ciento de los votos. No lejano al 7 por ciento obtenido por Movimiento Ciudadano el año pasado.
Ya en el poder, AMLO está empeñado en hacer una reforma electoral que le dé el control del árbitro a consejeros electos por la ciudadanía, y propuestos por el Presidente y una mayoría en el Legislativo. Esto violenta un principio básico de cualquier democracia: la minoría de hoy debe contar con suficientes garantías para poder convertirse, si el elector así lo desea, en una mayoría mañana.
Esto requiere un árbitro neutral, reglas justas para que los votos obtenidos por cada partido se reflejen en forma proporcional en legisladores y una relativa equidad en el acceso a los recursos públicos. La reforma propuesta por AMLO erosiona la credibilidad del proceso. Terminaríamos con un árbitro no confiable y probablemente incompetente.
Para los morenistas, criticar la elección popular de los consejeros electorales equivale a no tener confianza en los votantes. Yo la tengo. Estoy convencido de su capacidad para maximizar sus intereses. Si se les da la oportunidad, elegirán a quien les dé las mejores condiciones para que su partido gane. Siendo Morena el partido más grande, los consejeros serán suyos. Un árbitro amigo puede fácilmente apoyar a su equipo o en el extremo, manipular el resultado.
La reforma propuesta favorece al partido más grande. Las minorías enfrentan todo tipo de obstáculos. AMLO lo sabe, su movimiento fue minoría. Uno de los problemas es la dificultad para fundar un partido político. Emmanuel Macron arrancó el proceso electoral del 2017 en Francia sin tener partido político. En unos meses lo creó y ganó. Aquí es imposible. La reforma castigaría todavía más a los partidos más pequeños al disminuir el dinero público que reciben y aumentaría la ventaja de Morena y aliados, que tendrán el apoyo del gobierno.
En el 2018 AMLO obtuvo más de la mitad de la votación. Es el Poder Ejecutivo, pero la soberanía popular está en el Congreso. En la Cámara de Diputados, su partido obtuvo en el 2021 el 34 por ciento del voto. El PT alcanzó 3.2 y el PVEM el 5.4. Juntos, obtuvieron el 42.6. Tienen el 55.2 por ciento de los diputados. El grupo en el poder está sobrerrepresentado. Legisla sin restricciones, aunque para reformar la Constitución requiere el apoyo de otros partidos.
AMLO parece estar convencido de que su derrota en el 2006 fue por un fraude orquestado por el IFE. No hay evidencia de ello, pero el INE de hoy es otra institución, con otros consejeros y otras responsabilidades. El INE le dio el registro a Morena y no al partido de Calderón seis años más tarde. El actual Tribunal Electoral no sancionó a Morena por un uso opaco de los recursos de un fideicomiso creado supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo de 2017.
Hay decisiones que los morenistas consideran injustas. Pero el árbitro no ha estado sistemáticamente en su contra. Es realmente autónomo. Esto no le gusta a AMLO. Lo ha dicho. Bueno, le gustaba cuando era una minoría.
Si el PRI o el PAN hubieran tratado de aprobar una elección de consejeros a partir de candidatos propuestos por ellos mismos, AMLO hubiera encabezado un movimiento en contra. Si nos interesa un árbitro con independencia del poder político, debemos de participar en la marcha. Ahí está la CNDH como ejemplo de qué significa una institución otrora autónoma colonizada por el gobierno.
ÁTICO
La reforma electoral de AMLO favorece al partido más grande. Las minorías enfrentan todo tipo de obstáculos.
