Las dificultades son abrumadoras y las cifras apabullantes. Las soluciones a las crisis migratorias son globales, pero en nuestra región, dependen primordialmente de la visión y actuación de los gobiernos. Estos difícilmente pueden escapar de las limitaciones presupuestales, los efectos de la pandemia, los problemas de comunicación y coordinación ante las múltiples necesidades y presiones para ejercer el control de las fronteras. Hay graves retrocesos en la protección de los derechos humanos de los migrantes y las violaciones van en aumento. Los intentos de flexibilizar y humanizar las políticas migratorias por parte los gobiernos como los de AMLO o de Biden quedan en meros propósitos. ¿Cómo avanzar, teniendo presente que continuarán las caravanas, proseguirán las detenciones, los trágicos accidentes, las deportaciones, sin perder de vista la persistencia del tráfico ilegal de personas y la injerencia de organizaciones criminales? ¿Cómo no obnubilarse ante las salvadoras remesas enviadas por los migrantes?
Cada día se torna más complejo vislumbrar y lograr cambios de fondo, eficaces, en los sistemas migratorios de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, mediante planes y estrategias realizables. Los países de origen, tránsito, retorno y destino de migrantes se encuentran atrapados en dinámicas regresivas ante nuevos fenómenos de salida y llegada masiva de poblaciones, desesperadas ante la violencia, la miseria, la emergencia climática y la ruina social. Con el paso del tiempo, miles de personas no encuentran soluciones a sus necesidades básicas y se ven orillados a dejar sus comunidades, en busca de oportunidades, arriesgándose al recurrir a traficantes, usando distintos medios, aun a costa de su integridad física y su precario patrimonio. Ello, a pesar de los enormes peligros derivados de las medidas de contención, impuestas por la creciente intervención de las fuerzas policiales y militares, junto con nuevos perímetros de seguridad y el establecimiento de barreras y controles. Prevalecen la corrupción e ineficacia burocrática.
En sólo tres años la migración indocumentada de mexicanos hacia Estados Unidos se triplicó, al pasar de 223 mil a 564 mil. EUA superó su máximo histórico al detener la Patrulla Fronteriza a un millón 706 mil personas, entre enero y diciembre de 2021. Ese mismo año, 252 mil 526 personas migrantes fueron detenidas en México, de las cuales el 40% fueron "devueltas", según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió el año pasado, 123 mil solicitudes de asilo, teniendo una capacidad muy limitada para atenderlas. Según la Comisión Nacional Derechos Humanos, en los últimos diez, más de 100 mil migrantes han sido víctimas de extorsiones y secuestros, de bandas de traficantes, de trata de personas o incriminados.
Ante este panorama, un informe reciente del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana destaca la urgencia de implementar estrategias que conlleven el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales y contrarresten las medidas de contención fincadas en una lógica basada en consideraciones de seguridad nacional. Urge implementar nuevas alternativas para incidir en las condiciones de vida y las situaciones de alta vulnerabilidad de los migrantes, a fin de construir un diálogo abierto y plural, centrado en la justicia social, con la participación de las autoridades responsables y diversas instancias de la sociedad civil.
Mientras los patrones de la migración en el mundo -particularmente en la región- están cambiando, con desplazamientos colectivos y familiares, con adolescentes y niños no acompañados, en grupos organizados, con flujos concertados y proactivos, capaces de emprender largos recorridos, de sostener demandas y desarrollar conductas disruptivas, las políticas migratorias y las capacidades institucionales no se han transformado y fortalecido en la dirección correcta para responder a esos cambios fundamentales, para ofrecer otras visiones y alternativas ante los flujos migratorios.
A pesar del acuerdo de cooperación bilateral propuesto durante la pasada visita de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobierno mexicano ha debido ceder nuevamente al restablecimiento del programa Quédate en México. Las condiciones de estancia, asistencia legal y respeto a los derechos fundamentales de decenas de miles de migrantes enfrentan graves riesgos, en las ciudades fronterizas mexicanas, que aún antes tenían graves dificultades para albergar y brindar servicios básicos en lugares designados. Decenas de miles de migrantes, provenientes de diversas naciones, deben esperar por tiempo indefinido la resolución de sus solicitudes, habiendo un rezago de más de 8 millones de trámites en los servicios migratorios estadounidenses. Lo anterior está sucediendo mientras el gobierno estadounidense se trazó un objetivo superior: ejercer control pleno de su frontera sur y el gobierno mexicano conseguir su pronta reapertura. México ha vuelto a imponer requisitos de visa a ciudadanos de Brasil, Ecuador y Venezuela (posiblemente Colombia), en un intento por apoyar a frenar los flujos migratorios y detener el tránsito irregular hacia los EUA.
Tanto la Organización Mundial de las Migraciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han alertado que los flujos de migrantes en México continuarán incrementándose este año. Han propuesto que se establezcan estrategias diferenciadas de regularización. Las propias autoridades migratorias mexicanas reconocen estar rebasadas, cuando las peticiones de asilo y refugio podrían crecer en un 300%. Varias organizaciones civiles señalan que la política migratoria en México carece de una visión de mediano y largo plazo. Las medidas de contención e intercepción de migrantes que primordialmente hacen uso de la fuerza resultan inaceptables puesto que no ofrecen vías de solución de atención integral, humanitaria, en el que es ya el mayor corredor migratorio del mundo.
@JAlvarezFuentes
