La mañana del 10 de mayo del año pasado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa en la que, una vez más, describió a la empresa de origen noruego DNV, como una compañía confiable que tenía expertos de nivel internacional para hacer los peritajes del desplome de la Línea 12, y así determinar responsabilidades de lo ocurrido.
Pero, como se ha comentado y señalé en este espacio, tras varias referencias a la compañía con buenos ojos, la percepción dio un giro de 180 grados cuando el tercer informe sobre el análisis de la tragedia del 3 de mayo de 2021 no fue favorecedor para la administración morenista de la Ciudad de México.
Claudia Sheinbaum anunció que rescindiría el contrato y demandaría a DNV (Det Norske Veritas México S.A de C.V) por no seguir una metodología "correcta" y tener un "conflicto de interés". Desde las oficinas de la Jefatura de Gobierno surgieron tarjetas "no oficiales" con información acerca de que el representante legal de la empresa, Héctor Salomón Galindo, tenía lazos con la oposición, y la evidencia que subrayaban era que denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2012 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violaciones a la normatividad electoral.
El tema aquí es que Salomón estaba en DNV desde el primer informe que Claudia aplaudió porque señalaba errores en la construcción de la Línea 12, específicamente en la colocación de pernos.
Pero también la empresa noruega con sede en México firmó varios contratos con el gobierno federal, organismos públicos y gobiernos de los estados para la certificación y supervisión de procesos.
En una revisión realizada por esta periodista en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se encontró que Det Norske Veritas México S.A de C.V ha signado al menos ocho contratos, entre ellos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por más de 6 millones de pesos en 2019 por el concepto "Contratación de servicios para los laboratorios clínicos Secretaría de la Defensa", que previó revisar la funcionalidad de las instalaciones.
También, el gobierno contrató vía el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena) un contrato por "Servicio de auditoría de la norma ISO 9001:2015", por 73 mil pesos, por la vía de adjudicación directa.
El Instituto Politécnico Nacional, organismo público, pagó vía Cinvestav, 31 mil 200 pesos, por adjudicación directa también, una "Auditoría periódica uno de norma ISO 9001:2015".
Previo a la llegada de AMLO al gobierno, en 2018, Pemex Etileno pagó por la Auditoría periódica uno de norma ISO 9001:2015 más de 100 mil pesos, y la CFE medio millón de pesos por cursos de administración.
Los cercanos a Sheinbaum hablan de un posible proceso de inhabilitación después de la demanda vía civil, que ya comenzó, para evitar que la compañía vuelva a tener contratos con el gobierno.
La pregunta es, ¿se tirará todo eso a la basura? ¿Quedan anuladas las certificaciones y capacitaciones a laboratorios de la Sedena, a Pemex, al IPN? ¿Los caprichos derivados del miedo a las consecuencias políticas tendrán efecto en lo público y lo privado?
Habría que ver si Sheinbaum piensa en estos cuestionamientos.
Twitter: @Sandra_Romandia
