Las concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a los diferentes tipos de usuarios llevan implícita la obligación que estos adquieren de medir los volúmenes que extraen de diferentes fuentes, sean ríos, acuíferos u otras. Sin embargo, hasta ahora esa obligación en gran parte no se aplica o su aplicación se hace de manera no confiable, lo que permite a no pocos usuarios excederse en la extracción y uso de los volúmenes que les fueron autorizados en la propia concesión que se les otorgó.
Esta anomalía que la propia Conagua no puede corregir con los medios que actualmente tiene, tanto humanos, financieros o tecnológicos, se ha convertido en una omisión que ha propiciado el fenómeno denominado huachicoleo del agua, favoreciendo la sobreexplotación de las fuentes disponibles y el propio tráfico ilegal de este recurso. Si a esto le agregamos que el agua, en el marco de la Ley de Aguas Nacionales y de la política hídrica vigentes, se ha convertido en una mercancía que es usada como insumo en los procesos productivos y donde quienes tienen mas capacidad económica han concentrado la mayor parte de las concesiones y volúmenes, ha sido inevitable que estos se usen en la economía desprotegiendo el abasto a la población.
Ambos aspectos, la incapacidad institucional de medir de manera confiable los volúmenes concesionados y el uso prioritario del agua para la economía y no para la población, han propiciado que en cada región se creen andamiajes basados en mecanismos "normalizados" de sobreexplotación y tráfico ilegal de agua, en torno a los cuales se han formado fuertes intereses económicos y políticos que han encontrado una importante fuente de riqueza en el agua concesionada legalmente y en torno a los volúmenes usados ilegalmente, a la que se aferran sin importar el costo social y ambiental que esto implica.
En las diferentes regiones del país se han conformado élites económicas y políticas que han monopolizado el agua, las ahora llamadas hidrocracias o aguatenientes, con capacidad de incidir en los tres niveles de gobierno, incluso podríamos decir que esto ocurre en otros poderes del Estado mexicano. En algunas de estas regiones las crisis de agua que sufre la población tiene como telón de fondo el desorden "normalizado" que ocurre en la gestión del agua, el desabasto o la disminución en la calidad que presenta este recurso son consecuencia de tal anomalía que parece haberse institucionalizado.
Revertir o corregir este tipo de situaciones que ya marcan el desarrollo económico y social en las regiones donde se han creado estos andamiajes y conformado los intereses de esas hidrocracias, parece una tarea titánica difícil de emprender para cualquier gobierno federal, seis años serán insuficientes para lograrlo, como ocurre con el actual que no ha podido construir un diagnóstico veraz y por tanto tampoco ha definido una política hídrica para abordar la problemática que tiene enfrente, más allá de medidas locales y no siempre centradas en las causas estructurales que la provocan, como sucede en La Laguna.
Quizás la prueba mayor sobre lo anterior es que no hay una definición política de reformar la Ley de Aguas, aún con mayoría legislativa son muchos y muy fuertes los intereses que presionan para que no cambie el marco jurídico que permita rediseñar la política hídrica nacional, para orientarla hacia una gestión sostenible del agua en la que se priorice derechos fundamentales de los mexicanos, como el Derecho Humano al Agua y el Derecho a un Ambiente Sano, y en algunos casos el Derecho a la Salud, como sucede en nuestra región.
De hecho, la Comarca Lagunera es un ejemplo emblemático de lo aquí descrito: no se realiza una medición confiable de las extracciones de agua subterránea o superficial, y este recurso se ha destinado prioritariamente a la producción de forrajes y leche desprotegiendo el abasto a la población, aunado a que en ella se ha montado ese andamiaje de intereses económicos y políticos que han monopolizado el agua como una forma de privatización de facto, por lo que la crisis de agua que se presenta durante la primavera-verano con el desabasto y de manera crónica con el hidroarsenicismo, son vistas por los gobiernos locales como una situación normalizada, evadiendo identificar o señalar las causas y los causantes.
Lo anterior nos lleva a concluir que la problemática del agua que enfrentamos es un problema sistémico, un fenómeno que ya forma parte del sistema económico y político que nos rige, el cual beneficia a minorías que han monopolizado el agua y perjudica a la mayor parte de los laguneros que padecemos estas crisis. Ante esta incapacidad institucional para enfrentarla, de hecho, como consecuencia de ella, han surgido voces ciudadanas que pueden realizar una modesta pero sustancial aportación para revertir esta situación, que como expresamos requerirá un enorme esfuerzo y tiempo, para ello es fundamental la voluntad política gubernamental.
