Está bien que la respuesta de la autoridad ante cualquier tipo de desastre, sea preservar la vida humana. Es más, es su obligación y debe ser, por principio jurídico y natural, el primer lugar de la lista de prioridades. Razón por la cual, al menos en el caso de la tragedia ocurrida en el pozo de carbón El Pinabete, en Agujita, Coahuila; los esfuerzos de los gobiernos Federal y Estatal por rescatar con vida a diez mineros atrapados, indica que esa es su prioridad y la han estado atendiendo.
Sin embargo, la omisión de las autoridades en lo que parece ser otra tragedia anunciada, también está a la vista. Desde lo ocurrido en 2006 en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, donde una explosión dejó atrapados a 65 trabajadores mineros, lo mínimo que se esperaba era que este tipo de tragedias, totalmente previsibles, no volvieran a suceder. En la última inspección en 2004 quedaron en evidencia violaciones graves a las normas de seguridad e higiene en esa mina, y solo fue hasta ocurrida la tragedia que las autoridades se vieron obligadas a tomar cartas en el asunto.
De Pasta de Conchos, a la tragedia más reciente en Agujita; se han suscitado numerosos incidentes donde mineros coahuilenses han perdido la vida. La constante, las deplorables condiciones en las que trabajan y la falta de regulación de los llamados "pozos" de extracción de carbón. Algo denunciado muchas veces por el obispo de Saltillo Raúl Vera y los familiares de esos mineros, en una lucha admirable por buscar justicia, la respuesta de las autoridades ante estas denuncias también ha sido constante, la omisión.
Está bien que un gobierno, sea estatal o federal, enfoque todos sus esfuerzos y prioridades en el rescate de las personas atrapadas, pero un gobierno no solo es Protección Civil, Marina, Secretaría del Trabajo o dependencias de atención a la salud. O todas las que participen en el operativo de rescate. Un gobierno también es fiscalías, organismos de investigación, control y sanción. Por lo que llama la atención porque no se ha informado de operativos de revisión de los demás pozos de carbón operando en la región.
Qué tan lejana se encuentra la frontera de la seguridad que nos afirme que este tipo de tragedias no se repetirá más. Sería bueno que se informará sobre la investigación que finque responsabilidades en los dueños del terreno y los concesionarios del pozo que le vendieron carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Si algo enseña la historia, es que la minería es un negocio que deja millonario a unos pocos mientras se explota a los sectores más vulnerables de la sociedad, los mineros.
Hasta el momento la CFE tampoco se ha pronunciado, como si no tuviera responsabilidad al momento de comprar el mineral para sus plantas carboeléctricas. Lo mínimo que debería hacer es comprar solo a empresas socialmente responsables con la seguridad de los trabajadores. Una empresa de clase mundial, como se dicen ser, debería tener inspectores que vigilen las condiciones de higiene y seguridad de sus proveedores, y no dejarle la responsabilidad solo a la Secretaría de Trabajo, como suelen hacer.
Si no es cierto que existen relaciones entre la política y los contratos de compra de carbón, en constantes actos de corrupción, entonces por qué la respuesta de la autoridad es tan tardada. Lo mínimo que se debería estar cuidando es que la tragedia no se convierta en un botín político para golpear adversarios de todos los partidos. Porque mientras decenas de familiares se refugian en una oración para esperar con vida a sus seres queridos, algunos políticos y funcionarios deciden bombardear las redes con noticias falsas para desprestigiar a quien puedan.
La esperanza es lo último que se pierde, dice el clásico; y todos esperamos que está tragedia cierre la dolorosa página con el rescate con vida de los diez mineros atrapados. También esperamos que las autoridades de los dos niveles de gobierno hagan su trabajo y esto no vuelva a pasar. Que se esfuercen más en ocuparse en mejorar las condiciones laborales de los mineros que en aclarar si es jurisdicción federal, que si lo es; pero el estado también tiene la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) sectorizado a la Secretaría de Finanzas, que hasta el momento también ha brillado por su ausencia.
Si lo sucedido en Agujita, en días pasados, no sienta un precedente, seguiremos atestiguando más tragedias. Viendo autoridades simular que lo son. Mineros cada vez más pobres. Dueños de pozos cada vez más ricos. Es decir, un círculo vicioso cuyos intereses económicos y políticos siguen jugando a la ruleta rusa con la necesidad de los habitantes de una región que depende del carbón para sobrevivir, no por vocación, sino por ausencia de gobiernos que debieron trabajar en virar la actividad productiva de la región.
@uyohan
