El presidente López Obrador concluirá hoy su tercera visita a Washington; se habrá reunido con el presidente Biden, la vicepresidenta Harris, el secretario Blinken y el enviado especial Kerry. Conversaciones entre altos funcionarios y encuentro de empresarios. Será seguramente la última oportunidad para los dos gobiernos de sostener un diálogo al más alto nivel para buscar alcanzar acuerdos y asumir compromisos a cumplir antes de que se impongan los calendarios electorales en ambos países. Aunque apenas se conocieron los detalles y preparativos, los temas en la agenda de las conversaciones bilaterales fueron obligadamente: migración, energía, cambio climático, libre comercio, inversiones, seguridad alimentaria, inflación, narcotráfico y, por supuesto, seguridad. Sobre esta última, apenas en diciembre se anunció la puesta en marcha del plan de acción del denominado Entendimiento Bicentenario, el nuevo marco de cooperación bilateral, acordado en octubre, cuyo objetivo es enfrentar, de manera conjunta, los retos en materia de seguridad, durante los siguientes tres años. Cabe preguntarse si, efectivamente, como se anunció hace seis meses, hay resultados de este plan operativo, fincado en las aportaciones y recomendaciones de los grupos de trabajo establecidos. ¿Se habrá dejado atrás, efectivamente, la extinta Iniciativa Mérida, asociada con la cooperación militar directa, cuando es patente la profundización de la militarización de la seguridad en México? ¿Prevalecerán acaso, como en algunos temas, visiones divergentes y preocupaciones distintas sobre múltiples retos y oportunidades? ¿Habrá entendimientos mínimos entre las prioridades estadounidenses sobre la introducción de fentanilo y la epidemia de opioides, y las mexicanas, para parar el ingreso ilegal de armas?
Pareciera haber diferencias respecto de las reformas introducidas tanto a la Ley de Seguridad Nacional, como con respecto a la Ley de la Guardia Nacional. A dos años de su creación, se busca quede bajo el mando de la Secretaria de la Defensa Nacional, no de las autoridades civiles. Ambos gobiernos reconocen como temas centrales el combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales que debe realizarse a ambos lados de la frontera y ejecutarse en sus respectivas ciudades, fronteras y territorios. Ello reclama reabrir y mejorar, con urgencia, los canales de comunicación bilateral y sentar las bases de respeto, confianza y confidencialidad indispensables para gestionar las extradiciones, coordinar la colaboración judicial, las tareas de interdicción, y regular, por supuesto, la participación operativa de agentes, así como la actuación de las respectivas agencias de inteligencia y seguridad, respetando la soberanía de ambas naciones.
Sabemos que reducir y prevenir la violencia en México requiere como prioridad consolidar una actuación eficiente de las fiscalías y de las corporaciones civiles de policía, con capacidad para obtener resultados frente a la impunidad y se rindan cuentas; también que se comparta, arraigue y atienda, con un enfoque de salud publica, de reducción de daños y penas, el complejo y extendido problema de las drogas que genera violencia y delincuencia en ambos países. Sin embargo, sólo hay indicios que unos cuantos de estos esfuerzos están teniendo lugar en tiempo y forma.
Las fuerzas armadas mexicanas conservan, desde hace tiempo, un notable grado de prestigio y de autonomía, al que se suma el poder que representa el papel protagónico que ejercen en la actual estrategia de seguridad. Con el gobierno del presidente López Obrador, contrario a lo que se esperaba, les han sido asignadas otros funciones, más allá que las establecidos constitucionalmente con respecto a la seguridad externa e interna y la ayuda humanitaria en casos de desastres. Hoy se encuentran en una posición preponderante entre las instituciones del Estado. Sus funciones se han ampliado: la SEDENA, al igual que la SEMAR han asumido responsabilidades crecientes en el control y administración de las aduanas y los puertos. Continúa ampliándose su desempeño en tareas de control migratorio. Las fuerzas armadas participan, como nunca antes, en la construcción de megaproyectos de infraestructura y desarrollo turístico en obras prioritarias para el gobierno. Han creado sendas empresas para construir un aeropuerto internacional, tramos del llamado Tren Maya y para administrarlos, incluso previéndose que recibirán de manera directa las ganancias generadas. Ya se ha anunciado que el Corredor Interoceánico será resguardado y quedará escriturado a la SEMAR. Personal militar está construyendo sucursales del Banco del Bienestar, coadyuvando y tienen a su cargo la distribución de las vacunas y equipos médicos durante la pandemia.
La participación de las fuerzas armadas es vista por el jefe de Estado mexicano como una forma de reducir la corrupción y de garantizar la eficiencia en tareas en las que, en su opinión, civiles han fallado. Las nuevas formas de relacionamiento entre las autoridades civiles y militares respecto de la seguridad, la propia institucionalidad democrática son motivo de interés y preocupación de nuestros socios en América del Norte y Europa. Para muchos expertos nacionales y extranjeros, el gobierno mexicano está arriesgando el mantener una creciente e indefinida dependencia de las fuerzas armadas. En el Presupuesto de este año se comprueba su relevancia: el conjunto de las fuerzas armadas, SEDENA, SEMAR y GN recibirán casi 200 mil millones de pesos, mientras las policías estatales apenas 8 mil millones.
Las redes de macro criminalidad que vinculan el uso político de la justicia, formas locales de ingobernabilidad y extraterritorialidad, aunada a una considerable desatención, la falta de coordinación para combatir frontal y eficazmente las redes operativas y las ganancias de las organizaciones crimínales, no pueden combatirse sólo con el despliegue territorial del personal militar y disputar el monopolio de la fuerza.
@JAlvarezFuentes
