Las crisis humanitarias no pueden permanecer invisibilizadas. Son millones de migrantes, cientos de miles de solicitantes de refugio y asilo quienes cada día son más vulnerables en África, el Medio Oriente, el Mediterráneo, Europa, Asia, el Caribe, América del Sur, Centroamérica, y, por supuesto, en México. Uno de cada 77 personas en el mundo se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, dejando su lugar habitual de residencia, independientemente del carácter voluntario o forzado del desplazamiento, sus causas y duración. El doble que hace una década. Podemos preferir ignorarlo, pero hay más de 7.1 millones de migrantes y refugiados de Venezuela en el mundo, es decir, la cuarta parte de su población. Son más numerosos que los refugiados sirios producto de la guerra. Se trata de uno de los movimientos forzados de personas más grande en la historia contemporánea, con repercusiones e impactos en todo el continente. Según cifras de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), 5.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos han sido acogidos desde 2014 en 17 países de América Latina y el Caribe. 4.3 millones de ellos enfrentan graves dificultades para acceder a alimentación, vivienda, salud, educación y empleos estables. En las últimas semanas se ha disparado los flujos migratorios: hombres, mujeres y niños marchan con dirección al norte, buscando ingresar a los Estados Unidos. En diez meses cerca de 200 mil venezolanos, haitianos, ecuatorianos y africanos han atravesado el peligroso Tapón del Darién en la frontera de Colombia y Panamá, han cruzado por distintas rutas en Centroamérica y continúan internándose en territorio mexicano.
En lo que va de este año la patrulla fronteriza estadounidense ha detenido a 2.4 millones de migrantes en su frontera sur, la cifra más alta de la que se tenga registro. Al amparo de las restricciones establecidas originalmente por la pandemia, las autoridades estadounidenses han expulsado a más de la mitad. Decenas de miles han sido deportados a nuestro país. Al menos 853 migrantes murieron tratando de cruzar sin documentos la frontera entre México y EUA; 22 mil fueron detenidos y rescatados en zonas desérticas o inhóspitas. La presión para todos los gobiernos es enorme, sean países de origen, tránsito, destino y retorno. Las medidas de contención para detener oleadas y caravanas de migrantes van en aumento y requieren cada vez más recursos financieros y materiales para ofrecerles ayuda humanitaria. Se cuentan por miles las deportaciones y repatriaciones, a pesar de que, en la mayoría de los casos, vulneran el principio de no regresión o devolución. Se publicitan.
Se trata de un fenómeno global y regional muy complejo que requiere múltiples respuestas de mediano y largo plazo, de colosales esfuerzos creíbles, sostenibles, conjuntos y coordinados. Si bien hay algunas iniciativas en algunos países de América del Sur destinadas a regularizar y documentar a la creciente población migrante, algunos gobiernos han adoptado medidas unilaterales centradas en criterios de seguridad para reducir drásticamente la migración indocumentada. Por distintos medios buscan disuadir y restringir la llegada de más haitianos, cubanos, mexicanos, hondureños, nicaragüenses, venezolanos y otros migrantes extracontinentales, y evitar que se sumen a otros migrantes atrapados en varias ciudades fronterizas, detenidos en albergues, estaciones migratorias o instalaciones militares. México y otros países están tratando de contenerlos en algunas poblaciones, de retenerlos arbitrariamente, a pesar de su extrema vulnerabilidad. Participan organizaciones civiles tratando de ayudar, como organizaciones criminales involucradas directamente en la trata de personas. Los mafias y traficantes proliferan, sus redes se extienden y sus ganancias aumentan.
Tras las medidas acordadas hace tres semanas entre México y EUA, más de 180 mil migrantes, en su mayoría venezolanos, han sido devueltos a México, donde no quieren permanecer ni esperar. Miles de migrantes rechazan "la migración protegida" ofrecida por las autoridades migratorias y policiales mexicanas. Algunos han comenzado a caminar en reversa, en dirección al sur, arriesgándose al dispersarse. En Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, las autoridades migratorias están rebasadas; hay graves rezagos en las solicitudes de refugio y asilo; la ayuda humanitaria resulta insuficiente, los albergues, refugios, casas de migrantes y campamentos ad hoc están saturados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido un amparo ante la falta de una política pública clara y eficaz para enfrentar los efectos del programa "Quédate en México". Ha ordenado al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres publicar y tomar las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de las personas migrantes, en especial los de las mujeres en situación vulnerable. Todas las autoridades mexicanas responsables, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional deberán abstenerse de aceptar y recibir más personas bajo ese programa, cuya opacidad es notoria, en tanto no se emitan los lineamientos.
El gobierno de México, de facto, ha olvidado el espíritu y la letra de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares que por años promovió. También parecer haber optado por decisión propia, aunque bajo presión, dejar de lado los compromisos asumidos en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular: reducir las vulnerabilidades y violaciones de los derechos humanos en el contexto de la migración y respetarlos en las fronteras. Cuanto camino desandado.
@JAlvarezFuentes
