Primero más de 100 niñas, niños y adolescentes intoxicados, todos estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje, en la región de Bochil de Chiapas. Desde entonces las autoridades estatales han afirmado que las pruebas toxicológicas no arrojan evidencia de drogas. Posteriormente la intoxicación se replicó en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Después, poco menos de 50 niñas y niños víctimas de intoxicación en la secundaria Álamo Temapache.
150 personas intoxicadas en dos entidades federativas diferentes, con diferencia de semanas. Las autoridades de Chiapas y Veracruz se han empeñado en los últimos días en afirmar que está totalmente descartado que se trate del uso de alguna droga. Como si la responsabilidad de los gobiernos estatal y federal se redujera a que no haya drogas en las escuelas.
No hay información oficial para asegurar que los estudiantes han sido víctimas de consumo de alguna droga. Incluso el gobierno de Veracruz se ha atrevido a revictimizarlos asegurando que se trató de una psicosis colectiva. En tono de justificación y hasta de satisfacción, las autoridades afirman que, dado que las pruebas toxicológicas han dado negativo a drogas, se trata entonces de la ingesta de agua y/o alimentos, sin que hasta el momento hayan podido probar tal hipótesis.
Hasta el presidente López Obrador afirmó en estos días que "No hubo droga, pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero no es un asunto de droga". Habrá que recordarle al Presidente y a los gobernadores de Chiapas y Veracruz que el hecho de que no esté comprobado el uso de drogas, no les exime de la responsabilidad de llegar a las últimas consecuencias en estos casos. La línea política del Presidente se sostiene sobre la pregunta de si es más importante la ley o la justicia. Como si se pudieran separar. Pero concediendo que el Presidente tiene razón en esta política de Estado, analicemos las dos opciones.
Juan Martín atendió mi entrevista y aseguró que en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 3520014 denominado Acoso Escolar, se indica que es responsabilidad de la escuela indemnizar a cualquier niño o niña que haya sido víctima de violencia, porque es su obligación garantizar su integridad y no solo señalar que fue un evento entre pares. Asegura que es indispensable que den información sin especulaciones en tanto que estas intoxicaciones se suman a cada vez más incidentes de violencia armada en las escuelas, hechos criminales alrededor de instalaciones educativas, lo que incrementa la incertidumbre en las escuelas.
Además, como experto en atención de las infancias, Juan Martín comenta que las fiscalías estatales deben investigar caso por caso haciendo un análisis de contexto y revisar si existen presuntos responsables o si son las omisiones de las autoridades que también generan responsabilidad administrativa o penal las que tengan que ser sancionadas.
Si nos avocamos a la Ley General de Educación, su artículo 75 es claro que la SEP tiene la responsabilidad de "establecer los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela […] que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo". Si hay al menos 150 niños intoxicados en dos entidades federativas distintas por la ingesta de alimentos y bebidas, alguien en la SEP está omitiendo cumplir la ley. Esto debería tener responsabilidades, al menos, administrativas para las y los funcionarios que deberían garantizar la buena alimentación en las escuelas.
Si nos avocamos a la justicia, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia que una necesidad básica de las niñas, niños y adolescentes es la alimentación y la salud. 150 niños y niñas intoxicadas deberían ser razón suficiente para que el Estado ponga toda su energía en encontrar las causas y solucionarlas. No se trata solo de salvar a las infancias de la delincuencia, sino también de garantizarles un ambiente educativo libre de peligros. Pero al Presidente y a los gobernadores parece que solo les importa que no haya drogas, por el costo político que ello implicaría.
Padres y madres de familia, así como organizaciones de la sociedad civil, hacen hincapié en la necesidad de que las fiscalías no descarten la línea de investigación del uso de drogas al interior de las escuelas.
