La CEPAL acaba de informar que, en los países de América Latina y el Caribe, en los próximos dos años, la tendencia de un bajo crecimiento económico se agudizará. Los gobiernos enfrentarán nuevos desafíos en un contexto mundial más complejo, en medio de la convergencia e interacción de varias crisis simultáneas. La baja inversión, el aumento acelerado de los precios de los alimentos y la energía tendrán un impacto brutal en la región. La recesión global y la inflación local harán que la pobreza afecte a uno de cada tres habitantes. El malestar social se irá amplificando y extendiendo como lo acabamos de ver en Haití, Ecuador y Panamá. Se estima que a 16 de los 33 países de la región les tomará varios años recuperar los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia.
Ante este panorama es oportuno hacer una instantánea de la región. México podría tener un sexenio perdido en términos de crecimiento económico, con serios retrocesos y una transición política muy complicada en las elecciones del 2024. Brasil se perfila, dentro de una prolongada crisis política y social, para tener en octubre unas elecciones presidenciales en un ambiente político enrarecido, donde candidatos y proyectos nacionales se encuentran en polos opuestos. Argentina registra tensiones y rupturas políticas, exacerbadas por nuevas acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito en contra de la vicepresidenta, en medio de una persistente crisis económica que mantiene en la pobreza al 40 % de la población.
Colombia inicia un nuevo gobierno, con grandes esperanzas, que se ha propuesto llevar a cabo, sin demora, una necesaria reforma fiscal para lograr una mejor distribución de la riqueza, y, sobre todo un cambio radical en la vida política del país, mediante negociaciones. El objetivo central es alcanzar la justicia transicional en un país violentado. Ello reclama redefinir las relaciones cívico-militares, conseguir una verdadera inclusión social y construir la paz total. Esfuerzos colosales que requerirán modificar la manera de gobernar, y, particularmente, de combatir a las organizaciones criminales, trasformar los fundamentos económicos en muchas regiones, interferir las rutas del narcotráfico en auge e interceptar los cargamentos de cocaína, cuyo trasiego al norte busca satisfacer una creciente demanda. El gobierno entrante ha suspendido la erradicación forzosa de los plantíos de hoja de coca; ha propuesto a los campesinos bases mínimas para que transiten a otras actividades dentro de una economía legal. La cocaína seguirá siendo ilegal en Colombia, cuya producción alcanzó el año pasado las 972 toneladas. Siendo el principal productor, no es el único. Ahí están Perú y Ecuador, cuyos gobiernos siguen enfrascados en recurrentes crisis de ingobernabilidad, con sendos movimientos de insurgencia social.
Chile, también con un nuevo gobierno de izquierda, se aproxima a celebrar un plebiscito para aprobar o rechazar el texto de una nueva constitución, resultante de aquellas amplias movilizaciones de 2019 que exigieron salud, educación, vivienda, empleo y mayores prestaciones sociales. Reto enorme será superar la desinformación y mantener el crecimiento económico, sin dejar de reconocer y atender, de manera prioritaria, las históricas deudas sociales. Mucho está en juego para la región en un proceso de reformas de gran calado, como el chileno, para hacer efectivas democracias paritarias y estados plurinacionales y multiculturales.
En Guatemala se registra la hambruna más grave de toda Centroamérica. Casi el 60% de los 18 millones de habitantes de nuestro vecino al sur viven por debajo del umbral de pobreza. Desde 2021, la FAO había alertado que el 10% de los 50 millones de habitantes de América Central experimentan inseguridad alimentaria grave y el 41% moderada. El Salvador continúa atrapado en una deriva autoritaria con un gobierno prácticamente sin contrapesos, con un bajo crecimiento económico, muy dependiente de las remesas de sus migrantes. Nicaragua continúa inmersa en una crisis de ilegitimidad, violaciones de derechos humanos y abusos de poder, sin tocar fondo. El reciente arresto de un obispo crítico del régimen y la persecución de comunicadores y religiosos, estuvieron precedidas por la confiscación de un diario independiente, sacado de la circulación y el cierre de emisoras de radio católicas, junto con una feroz represión que pretende borrar de la acción pública a cualquier figura o medio de comunicación crítico. Desde inicios del año, varios inmuebles de organizaciones civiles y universidades locales han sido ocupados por la policía nacional.
En Haití la violencia pandillera ha causado la muerte y heridas a cientos de personas. Miles de manifestantes exigen al gobierno que actúe contra la inflación, la inseguridad y la proliferación de las pandillas. El país está sumido en una crisis en espiral después del asesinato, en julio del año pasado, del entonces primer ministro, además de un devastador terremoto hace unos meses. Naciones Unidas acaban de anunciar un fondo de emergencia de 5 millones de dólares para proveer comida, agua potable, servicios sanitarios, educación y atención en salud mental. Será insuficiente tomando en cuenta que el 43% de la población haitiana necesita urgentemente auxilio para satisfacer sus necesidades básicas.
En Cuba, luego del terrible incendio de los enormes depósitos de combustible en Matanzas, los apagones diarios de hasta 18 horas se han generalizado. Ello ha detonado nuevas protestas en la provincia de Camagüey, a pesar de que el gobierno cubano considera cualquier manifestación un acto contrarrevolucionario. Decenas de personas que osaron protestar contra el régimen en julio de 2021 permanecen encarceladas
¿Prevalecerá la esperanza de los desesperanzados frente a la incertidumbre del futuro?
@JAlvarezFuentes
