Las violencias se materializan en acciones asimétricas dentro de un plano micro o macro social, se caracterizan por imponer dispositivos de poder que se edifican en un plano de desigualdad y que se sostienen bajo el amparo de instituciones que tienen sus bases históricas en la modernidad. Las violencias, como categorías de análisis, deben comprenderse como mecanismos que transciende el contexto social inmediato. Esta situación, de larga temporalidad, implica que problemas como la criminalidad, la violencia de género, el bullying, entre otras, no puedan ser resueltas bajo argumentos que se sustentan bajo la inmediatez, al contrario, es necesario entender que para transformar la realidad se deben atacar a los procesos que legitiman dichas acciones.
Definir a la violencia no es un trabajo intelectual sencillo; no obstante, el sociólogo francés Michel Wieviorka en su libro La violencia la conceptualiza a partir de argumentar que dicha situación se genera por la usencia de conflicto. El advierte que lo violento se prolonga (y se institucionaliza) en la medida que no existen mecanismos de resistencia que la puedan contrarrestar, por lo tanto, el conflicto es necesario porque incita a la parte dominante y dominada a construir estrategias de paz a través del diálogo, la discusión o la disputa.
Por ejemplo, la policía es una institución de vigilancia y castigo que se crea formalmente en 1829 con la aparición de la Policía Metropolitana de Londres. Si bien, previamente se visualizan algunos antecedentes, no es hasta principios del siglo XIX que dicha institución se configura bajo las necesidades de la naciente urbanidad. En poco menos de doscientos años y ya en diferentes regiones socioespaciales, esta figura de autoridad continúa encargándose de la contención de violencias y poco menos a la resolución de los conflictos que se producen en la comunidad.
En el actual contexto mexicano se promueve asiduamente la incorporación de la seguridad pública a la esfera militar como estrategia de contención en delitos relacionados con el crimen organizado. No obstante, desde las primeras políticas de seguridad encaminadas bajo dicho enfoque no se han arrojado resultados contundentes de que estas prácticas funcionen, lo que se materializa en el incremento de homicidios dolosos, en la violación de derechos humanos generadas por las fuerzas de seguridad y en la desaparición forzada.
Bajo ese supuesto, deberíamos cuestionar ¿la militarización de la seguridad pública tiene el interés de solucionar la criminalidad del país de fondo? Yo diría, que no. Como se ha mencionado, el problema rebasa la disputa política-electoral y las dimensiones que tienen que incluirse deben garantizar un compromiso con los derechos básicos de la comunidad, como el empleo no precarizado o la educación de calidad (por mencionar algunos), sin ellos, a pesar de que se desarrollen sistemas de seguridad de última generación o se implementen estrategias policiales punitivas, las violencias jamás decrecerán.
