Hace nueve meses, el siete de julio de 2021, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en uno de esos escasos momentos de autocrítica, reconoció que no había sido capaz de evitar que el precio del gas LP subiera, afectando primordialmente a las familias más pobres.
Ese día dijo de la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) que "ese instituto es un cero a la izquierda" al referirse que el mercado del gas era controlado por apenas cinco empresas que compraban barato y vendían caro.
En su estilo de gobernar por ideas que pareciera se plantan en su escritorio y se ejecutan sin metodología ni análisis previos, dijo que el día anterior había decidido abrir una empresa del pueblo que distribuyera los cilindros de gas entre las familias de las colonias más pobres. Ese mismo día mencionó que la empresa se llamaría Gas Bienestar y que dependería de Pemex, y giró instrucciones para que se creara.
Normalmente, para dar nacimiento a una entidad gubernamental mediante un decreto, se debe establecer perfectamente cual es la utilidad pública del nuevo ente, cómo se gobernará, para qué se está creando y una gama de detalles técnicos que regulan su actuación.
Para el caso de Gas Bienestar nada de esto se llevó a cabo, Petróleos Mexicanos decidió atender la orden del presidente y convocó a dos de sus filiales extranjeras "Mex Gas Supply" y Mex Gas Internacional" para que se asociaran y constituyeran ante notario público, como cualquier empresa privada, a "Gas Bienestar S de RL de CV".
Esta acción no representaría mayor problema, si no fuera por la ley de Pemex -que se aprobó con el expresidente Peña Nieto- que en su artículo 61 determina que sus empresas filiales no forman parte del sector paraestatal, lo que contraviene a la propia Constitución de la República donde se especifica en su artículo 25 que las empresas productivas del Estado, sus filiales y subsidiarias son de propiedad exclusiva del gobierno federal y, por ende, forman parte del sector público.
El hecho de que Gas Bienestar pretenda ser una filial de filiales de Pemex y por tanto, no sea considerada una paraestatal de acuerdo a su ley particular, justifica que la nueva empresa del pueblo, como la llama López Obrador, no esté obligada a cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información, por lo que con este argumento, Pemex ha negado cualquier solicitud de información que se ha realizado sobre sus finanzas, personal, funcionamiento y operación. También han negado presentar contratos, adquisiciones, prestaciones y todos los elementos que los tres niveles de gobierno, los tres poderes y, en general, cualquier persona física o moral que use recursos públicos está obligada a informar en nuestro país.
La otra empresa formada por el gobierno mexicano y que también se encuentra en operación, el "Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, SA de CV", a pesar de tener un dudoso origen sin decreto, al igual que la distribuidora de gas, sí cumple obligaciones de transparencia, y así se encuentra registrado ante el Inai.
La opacidad con la que desde un principio fue creada Gas Bienestar nos hace recordar las tropelías con los recursos de los mexicanos en los 70 y 80, cuando el gobierno federal era dueño de equipos de futbol, discotecas y hasta cabarés creadas solo por instrucción del presidente, y que resultaron un agujero negro por donde se fugó la salud económica de nuestra nación. Debemos estar atentas y atentos.
