"Si torturas los datos un tiempo suficiente, confesarán".
-Ronald Coase-
Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito de procesos penales en Matamoros, Tamaulipas, ha liberado a 120 imputados por el caso Iguala. El subsecretario de seguridad pública, Ricardo Mejía, ha dicho que el gobierno va a presentar una denuncia penal en su contra porque las liberaciones no han sido producto de un respeto al "debido proceso, sino de un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa". El subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, ha señalado: "Esta es la justicia de los testaferros que defienden la Verdad Histórica" (sus mayúsculas).
No son, sin embargo, los que respaldan la "verdad histórica" los responsables de esta masiva liberación de quienes secuestraron y asesinaron a los normalistas. El subsecretario debe buscar a esos testaferros más cerca de casa: en quienes promueven la tesis de que el Estado cometió los crímenes de Iguala.
El movimiento de Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del cual salió Omar Gómez Trejo, el fiscal especial del caso Iguala que acaba de renunciar, promovieron la idea de que la verdad histórica del procurador Jesús Murillo Karam era falsa porque las confesiones de los presuntos responsables fueron obtenidas por tortura. Quienes llevaron a cabo los interrogatorios lo negaron e incluso exhibieron videos que mostraban cómo algunos de los acusados confesaban sin presiones. Nunca los torturadores admitirán que torturaron, es cierto, pero los inculpados pronto se dieron cuenta de que quejarse de tortura abría las puertas a su liberación.
¿Fueron realmente torturados? La recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida cuando la CNDH era todavía independiente, aborda el tema. Setenta y dos acusados promovieron quejas por violación a sus derechos humanos, 57 por tortura. Se aplicó el protocolo de Estambul a todos menos a uno, que no lo aceptó. La CNDH determinó que 65 de los detenidos habían sufrido violaciones a sus derechos humanos, pero solo en nueve se acreditó tortura.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Distrito de Reynosa decidió, bajo presión del movimiento de Ayotzinapa y del GIEI, que debía "presumirse" la tortura en todos los casos, aun cuando no hubiera pruebas. La propia CNDH cuestionó la decisión, pero esta sirvió para liberar a muchos de los inculpados por los crímenes de Iguala.
El fiscal especial Gómez Trejo no supo o no quiso presentar pruebas supervenientes, simplemente consintió en la liberación de los perpetradores. El afán de comprobar que "Fue el Estado" lo llevó a aceptar la absolución de los verdaderos asesinos. La autoridad judicial pidió que instancias independientes realizaran nuevos protocolos de Estambul de todos los indiciados que decían haber sido torturados, pero el fiscal no presentó estos protocolos. Por eso el tribunal dio por ciertas las quejas de tortura. En lugar de reparar la acusación, Gómez Trejo hizo una alianza con Guerreros Unidos al convertir a sus integrantes en testigos colaboradores.
El propio ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha señalado que las "críticas que se han venido haciendo a los jueces por el caso Ayotzinapa me parece que son profundamente injustas y no las aceptamos". Es verdad. Las críticas debieran dirigirse a quienes torturaron, a quienes presionaron a los tribunales para aceptar que se aplicaron torturas aun en casos en que no las hubo y a quienes no presentaron nuevas pruebas al tribunal porque no les interesaba mantener presos a los verdaderos criminales, sino culpar al Estado.
BIBLIOTECAS
En 2018 había 13,430 bibliotecas públicas en el país, en 2021 ya solo quedaban 7,474, según el periodista independiente Arturo Espinosa (@artur_espinosa) que cita el Cuarto Informe de Gobierno de AMLO como fuente.
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