Este mes de mayo es de grandes novedades para los migrantes que están solicitando asilo en Estados Unidos.
Está programado que a partir del 23 de mayo deje de aplicarse la norma que se conoce como Título 42, que alegando el temor a contagios de coronavirus permite a Estados Unidos expulsar de modo exprés a los migrantes, ya sea a México o sus países de origen.
"A partir del 23 de mayo próximo todos los que han solicitado asilo y los que sigan llegando [a la frontera] con el mismo propósito podrán quedarse en la Unión Americana, ya sea en un centro de detención o en libertad, debido a que estos centros ya están completamente saturados", dice a EL UNIVERSAL Thomas Kennedy, director de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
En marzo de 2020, el entonces presidente Donald Trump utilizó el Título 42 para ordenar la expulsión de los migrantes.
La medida se ha prolongado desde entonces, pero la actual administración de Joe Biden anunció que el 23 de mayo suspendería su uso. Dicha suspensión está en vilo, dado que un juez de Louisiana la bloqueó y fijó una audiencia para el 13 de mayo en la cual se determinará si puede rescindirse el Título 42.
Si, en efecto, la medida se suspende, los agentes y oficiales fronterizos volverán a operar las solicitudes de asilo como era antes de la pandemia del Covid-19. A este procedimiento se le conoce como Título 8, a través del cual "las autoridades fronterizas están obligadas a seguir los procedimientos normales y esto incluye que el solicitante espere su respuesta y proceso dentro de EU", subraya la abogada especialista en inmigración Claudia Cañizares.
Pero a partir del 28 de mayo se agrega una regla: los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) podrán entrevistar y escuchar a los solicitantes de asilo y "podrán decidir si las razones que exponen contienen un miedo creíble para no poder volver a su país [de origen], dado que podrían sufrir consecuencias dramáticas, incluida la muerte", explica la abogada.
En otras palabras, "se van a convertir [los oficiales de inmigración] en el primer filtro de una solicitud de asilo y ahí se decidirá si hay un caso que procesar. Si alguno de los solicitantes no consigue iniciar su caso con el oficial, entonces será remitido a un juez de inmigración [para una segunda revisión del caso]".
"No deben confundirse las personas; esto no quiere decir que las fronteras están abiertas. Quiere decir que las personas tienen derecho a un proceso [dentro de la Unión Americana]", explica Thomas; "no es un proceso fácil ni rápido, no quiere decir que las personas sigan exponiendo sus vidas y su seguridad porque un gran porcentaje de las solicitudes son negadas y en esos casos las personas son deportadas", insiste.
Desde hace más de una década, los trámites de asilo en EU se han ido acumulando. Hasta antes de 2018 los reportes de USCIS señalaban que había un retraso promedio de entre 700 mil y un millón de peticiones de asilo, lo cual llevaba a una espera de alrededor de un año en los procesos. En la actualidad los retrasos suman más, entre 2 y 3 millones de solicitudes, lo que ha llevado a una espera de entre tres y cuatro años.
REDUCIR TIEMPOS DE ESPERA
"La intención es achicar los tiempos de espera y apurar los procesos; y la manera que se les ocurrió [a la administración del presidente Joe Biden] es que los oficiales fronterizos ayuden a los jueces", comenta el joven líder proinmigrante. Para que esta medida pueda resultar lo más práctica y justa posible, los agentes están recibiendo una capacitación especializada en el tema de aceptación o no para una petición de asilo. "La recomendación más importante es que si alguien que solicitó asilo y no fue aceptado por el oficial [de inmigración] que le asignaron y le dan fecha para presentarse ante un juez, que contrate los servicios de un abogado especialista y preparen juntos su caso antes de la fecha de corte", dice Cañizares.
De acuerdo con las autoridades federales de inmigración de EU, se espera que a través de esta nueva medida se logre resolver los casos en un máximo de 90 días. Cuando un caso sea denegado y pase a un juez de inmigración se espera que también en un máximo de tres meses quede resuelto.
El cambio es parte del plan anunciado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para enfrentar las previstas oleadas migratorias al terminar el Título 42. Se busca aumentar los recursos, incluido el personal, el transporte, el apoyo médico y las instalaciones para respaldar las operaciones fronterizas.
Así, crecerá la eficiencia del procesamiento de CBP para mitigar el posible hacinamiento en las estaciones de la Patrulla Fronteriza y para aliviar la carga de las comunidades fronterizas circundantes; se reforzará la capacidad de las ONG para recibir a los no ciudadanos después de que hayan sido procesados por CBP y estén esperando los resultados de sus procedimientos. Se asegurará la coordinación adecuada y el apoyo a los líderes estatales, locales y comunitarios para ayudar a mitigar el aumento de los impactos en sus comunidades.
Atacarán y desmantelarán las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes que se aprovechan y se benefician de los migrantes vulnerables, y que buscan traficar drogas. Sin embargo, todos los planes están en suspenso, a la espera de lo que suceda el 13 de mayo.
