EDITORIAL

Columna

El ladrillo de la evaluación

JOSÉ EDGAR SALINAS URIBE

Mucho del avance institucional que se ha tenido en el país en los últimos cuarenta años se debe a la acción ciudadana desde la sociedad civil organizada. Luego del sismo político que significó la elección de 1988 diversos temas cobraron una relevancia no tenida hasta entonces y desembocaron en una nueva arquitectura institucional para México. Ciertamente ese andamiaje no fue construido de un día para otro y dista mucho de estar concluido y consolidado, pero los contrapesos institucionalizados al poder gubernamental tuvieron como espacio de conformación grupos de diverso tamaño e integración, pero prácticamente todos con la característica común de estar motivados y dinamizados desde la ciudadanía organizada.

A raíz de aquellas elecciones en las postrimerías de la década ochentera emergió una discusión pública sobre cómo garantizar elecciones libres y confiables. Cuatro décadas después contamos con el Instituto Nacional Electoral, una de las dos instituciones con mejor credibilidad y percepción positiva en México. Su conformación y organización actual no es producto de casualidades o decisiones arbitrarias: hacer que sean ciudadanos quienes organicen las elecciones, cuenten los votos y sancionen incumplimientos por parte de los actores políticos puede parecer sencillo, pero ha sido una lucha enorme en un país con una longeva tradición de lunares autoritarios y centralistas. La institucionalización de la participación ciudadana para encargarse del INE y de su propósito ha permitido que la alternancia política sea una realidad normalizada y hasta desvalorizada, por desgracia, en tiempos donde se apuesta a la desmemoria o bien a la memoria selectiva.

Otro ejemplo donde la participación organizada de la ciudadanía rindió en fruto institucional es el movimiento que ha tenido como resultado la conformación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Un poco de memoria nos llevará a las épocas, no distantes, donde acceder a la información que permitía transparentar la gestión pública y la rendición de cuentas era poco menos que imposible. La opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del poder público había sido normalizado en detrimento de la calidad gubernamental y de las decisiones que afectaban a la población. Dos derechos se buscan garantizar con esta institución, el derecho a la información y, muy importante en una sociedad democrática, el de la protección de los datos personales. Solo un espíritu decididamente autoritario puede restar valor a esos dos derechos.

Otros temas donde el ánimo ciudadano organizado ha sido fundamental en la arquitectura institucional donde se privilegian los contrapesos son los derechos humanos y la seguridad pública. En este último caso, la participación es tan reciente como efectiva en términos de medición del fenómeno y de llamar la atención de la autoridad en los aspectos clave. El ojo ciudadano ha estado presente también en las agendas de competencia económica, energía, telecomunicaciones. El involucramiento ciudadano ha sido diverso en temas, pero también en profundidad e influencia. Me parece que los dos casos mencionados en párrafos arriba son los que han logrado mayor consolidación.

Un aspecto de la participación ciudadana organizada en la conformación de la arquitectura institucional que sería de gran utilidad es la evaluación de las gestiones públicas. Si bien es cierto que hay ejemplos notables de medición y evaluación de ciertos tópicos como los que realiza la red de observatorios ciudadanos en materia de seguridad, o lo que hace México Evalúa en políticas públicas, el IMCO en competitividad, o aquellos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o en su momento los del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación antes de ser ninguneado hay, considero, una oportunidad para la ciudadanía organizada, en términos de institucionalización, de la evaluación de lo público. Democratización, transparencia y rendición de cuentas y evaluación como aportación de la ciudadanía organizada a la arquitectura institucional del país conformarían una gran contribución al sistema de contrapesos de un régimen democrático.

@EdgarSalinasU

Escrito en: editorial Edgar Salinas Uribe editoriales institucional, evaluación, ciudadanía, conformación

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