Ecuador fue sacudido por un estallido social que durante 18 días mantuvo en vilo al país en una confrontación entre el bloque popular convocado a las calles y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Criticado internacionalmente por el uso abusivo de la violencia física y simbólica contra las manifestaciones, el gobierno se vio forzado a sentarse a una mesa de diálogo nacional que concluyó con la firma de un acuerdo el día 30 de junio.
Durante los 18 días de paro nacional (convocado por las confederaciones indígenas Conaie, Feine y Fenocin) el tiempo en Ecuador transcurrió a una gran velocidad. Lo que comenzó como una protesta popular, con un claro decálogo de demandas para contener las políticas neoliberales, llegó a tomar tintes destituyentes tanto en el ámbito social como político-institucional.
El 30 de junio se concretó el acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena tras el que se levantó el paro nacional y se derogó el Estado de excepción. Entre los principales acuerdos constan el decreto 452, que impone a los gobernadores del país intensificar los operativos de control para prevenir y erradicar los procesos especulativos, la declaratoria de emergencia del sector salud, así como el establecimiento de políticas públicas compensatorias para el área rural y urbana, y la reducción del precio de los combustibles.
Además, se prevé establecer una mesa de diálogo para la resolución de los temas pendientes con una duración de 90 días y en la que deberán participar los diferentes poderes del Estado.
El cierre del conflicto deja a un gobierno seriamente debilitado. Por su parte, el movimiento indígena y, en particular, su líder, Leonidas Iza, salía reforzado tras mostrar su capacidad de sostener 18 días de movilización y protestas sociales.
El escenario sigue abierto y en los próximos días se verá el corolario de esta movilización. El gobierno puede errar, como sucedió en octubre de 2019, y abrir un nuevo momento en la persecución contra luchadores sociales y opositores. Pero Lasso también podría acertar y asumir un giro trascendental en su línea política para atender las necesidades del país, en lugar de seguir sacrificando a Ecuador bajo los designios de organismos como el Fondo Monetario Internacional.
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