Siempre he pensado que las críticas en contra de la guerra o batida contra narcotraficantes que inició el gobierno de Felipe Calderón han sido exageradas y también injustas.
Me parece que se trató de una campaña orquestada por los seguidores del PRI y de la izquierda mexicana para desacreditar al PAN y recuperar el poder como sucedió en el 2012 con Peña Nieto y luego con la llegada de López Obrador en el 2018.
Viví de cerca lo ocurrido en Baja California, en especial Tijuana, donde la violencia había llegado a niveles escandalosos. Las ejecuciones en plena luz del día, los secuestros de empresarios mexicanos y estadounidenses, así como los asesinatos de jefes y agentes policiacos se sucedían día tras día.
Fue el 11 de diciembre del 2006, a diez días de asumir el poder, cuando el presidente Calderón anunció un amplio operativo policiaco-militar en contra de crimen organizado en Michoacán.
La violencia en esa entidad se había recrudecido a lo largo de ese 2006 cuando se contabilizaron cerca de 500 asesinatos entre integrantes de los cárteles del narcotráfico.
De ahí en adelante la llamada "Guerra contra el narcotráfico" se extendió en todo el país y logró pacificar varias regiones, pero al mismo tiempo el número de homicidios dolosos se disparó de manera dramática.
En Tijuana se consiguió una reducción en el índice de violencia, cuando menos en el número de crímenes de impacto, y se desplomaron los secuestros por la captura de varios connotados delincuentes de la entidad.
Sin embargo, el gobierno de Calderón y posteriormente el de Peña Nieto, no profundizaron lo suficiente en el combate en contra de los cárteles lo que dio pauta para que varios de ellos se reorganizaran y al paso de los años la violencia en México se recrudeciera.
A ello hay que añadir los altos niveles de corrupción en las corporaciones policiacas que dieron protección a los narcotraficantes como sucedió de manera inexplicable con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se coludió con el cártel de Sinaloa.
Viene a cuento todo lo anterior por la polémica sobre la militarización de la Guardia Nacional, organismo creado en marzo del 2019 para contener al crimen organizado y reducir los índices de violencia, cuyos resultados han sido insignificantes.
Se trata además de una corporación con más de cien mil integrantes que está enfocada en la vigilancia de regiones y en la contención de criminales, pero sin la capacitación ni el desarrollo de estrategias para investigar, capturar y procesar a los capos de la delincuencia.
Por ello la propuesta de otorgar el mando de la operación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano no tendrá los efectos esperados simple y sencillamente porque este cuerpo policiaco es todavía un cascarón sin los tentáculos necesarios para detener la espiral de violencia.
Para colmo se corre el enorme riesgo de militarizar al cien por ciento el combate al narcotráfico lo que podría provocar ola de muertes a diestra y siniestra. No hay que olvidar que los militares están adiestrados para matar y su fuerte no es la investigación ni la captura de los presuntos malhechores.
Todos deseamos que las estrategias del gobierno federal funcionaran y que de una vez por todas se logre en México un desplome dramático de la violencia y la inseguridad.
Desgraciadamente no sucederá así cuando menos en los dos últimos años del régimen morenista por la sencilla razón de que los planes no fueron los correctos. La estrategia de "abrazos y no balazos" fortaleció y multiplicó los cárteles del crimen como lo hemos visto a lo largo y ancho del país.
Ahora López Obrador se saca de la manga una iniciativa para entregar a los militares el control de la Guardia Nacional cuando sabe que sus planes no funcionaron y que buena parte de la ciudadanía castigará a Morena en las elecciones del 2024.
Lamentablemente se trata de una acción tardía que no logrará calmar la tormenta que sufren México.
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Interesante la elección de Liz Truss como primera ministro del Reino Unido, en sustitución de Boris Johnson, quien renunció en julio pasado luego de múltiples escándalos. Contadora con 47 años y afiliada al Partido Conservador, Truss podría retomar algunas políticas de mano dura que implantó con éxito Margaret Thatcher en los años 80 para poner orden en las finanzas y la economía de Inglaterra.
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