En 2024 se termina el plazo constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad pública y regresen a los cuarteles. La Guardia Nacional se creó, a nivel constitucional, como un cuerpo de seguridad civil. Mientras se consolidaba la Guardia como un cuerpo independiente y civil, se autorizó la conformación temporal de la misma con policías navales y militares. Hoy, sin embargo, la Guardia es un cascarón vacío. Si hoy los militares fueran retirados de la Guardia, quedaría con menos personal del que tenía la Policía Federal. Esto es así por decisión del Presidente López Obrador, quien, desde su creación ha ignorado el mandato constitucional de crear un cuerpo civil. Creó plazas dentro de Sedena y puso la formación, equipamiento, construcción de cuarteles, etc., de la nueva institución en manos de los militares. Ahora, ante el término constitucional, López Obrador anunció la intención de incorporar formalmente la Guardia a la Sedena, a través de un acuerdo presidencial. El anuncio es la confesión abierta de que continuará violando la Constitución y que además ordenará a los militares a que hacer lo mismo.
Las Fuerzas Armadas llevan años exigiendo un marco legal que legitime su inconstitucional participación en tareas de seguridad pública. En 2008, luego del despliegue militar que ordenó Felipe Calderón, cabildeaban por un sustento legal para (por tiempo limitado) poder continuar con los operativos conjuntos. El Congreso rechazó esta propuesta y, en cambio, estableció en la Constitución que la seguridad pública debía ser civil. En 2009, proponían un capítulo en la Ley de Seguridad Nacional para regular la continuación del despliegue militar pero el Congreso también desechó esa propuesta en 2011. Para 2016, ya proponían la Ley de Seguridad Interior (la famosa #LeyGolpista, aprobada en 2017 y declarada inconstitucional a finales de 2018). Al igual que ahora, en 2016, se acercaba una elección federal y se argumentaba que la militarización permanente no sólo era la solución adecuada a la inseguridad, sino además indispensable y urgente. "No hay de otra"., decían entonces. "Las policías civiles están rebasadas". "El crimen organizado es muy poderoso". "No es lo óptimo, pero es necesario."
Nuevamente, se aproxima el fin del sexenio y se plantea nuevamente la necesidad de hacer permanente la presencia militar en nuestras calles y teléfonos. Los morenistas que antes denunciaban la subordinación del poder civil ante el militar, ahora repiten los argumentos de sus antecesores y agregan: "No se está militarizando al país, se está policializando a los militares." "El presidente es el comandante en jefe y es civil, así que no es militarización." "No es lo mismo que antes. Confiamos en López Obrador." Como quienes antes criticaban, los de ahora actúan como si la Constitución fuera el marco legal de un gobierno y no de un país.
Conforme se acerca el fin de este gobierno, veremos más presión para ampliar y hacer permanente la militarización de la seguridad pública. Otra vez, ofrecerán promesas en lugar de resultados y amenazas en lugar de razones. Veremos, los mismos argumentos, para tratar de convencernos de que esta vez es distinto, que la situación es urgente y que hay que aprobar la militarización de lleno y confiar en que, ahora sí, la militarización servirá para construir paz.
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