El famoso VAR (Video Assistant Referee) ha sido el cambio más notorio en las reglas del juego en el futbol. En esencia el juego es el mismo, pero la revisión del video para revertir errores o marcar situaciones no advertidas en primera instancia por el árbitro central le ha dado un componente adicional al futbol. Se suponía que con la introducción del VAR se tendría una aplicación objetiva del reglamento, en especial en aquellas jugadas determinantes en el resultado que fuesen polémicas por su marcación inicial. La introducción de una regla nueva pretendía darle al futbol objetividad y con ello sumar a la competitividad, es decir, la capacidad de cada equipo para competir bajo una sanción arbitral mucho más objetiva y, por tanto, justa.
El ejemplo del VAR ayuda a reflexionar acerca de la relevancia que tienen las modificaciones a las reglas del juego en ámbitos de mayor relevancia para el bienestar de la población como son la economía y la convivencia social. Salvo que alguien se encuentre directamente bajo el impacto de las reglas del juego de una actividad, para el resto suele pasarnos desapercibido la existencia de dichas reglas y, todavía más, ni siquiera dimensionamos su relevancia para el desarrollo de una actividad.
En este orden de cosas, los bienes y servicios que consumimos o de los que hacemos uso son posibles luego de atender a un conjunto de reglas a las que está sujeta su producción, elaboración, distribución, etcétera. Las reglas del juego de la que son parte son una especie de carretera invisible que deben cursar pagando los peajes respectivos si quieren llegar a quien finalmente hará uso de dichos bienes o los consumirá. Sin pretender simplificar, pero sí para resumir la idea, esos peajes y carreteras no son otra cosa más que normas establecidas para asegurar condiciones de calidad, respeto y protección de terceros, cumplimiento de obligaciones generales, etcétera y, por lo mismo, las normas impactan directamente la capacidad de competir de los productores de bienes y servicios, es decir, las normas impactan en la competitividad de las empresas.
Dicho lo anterior es claro que la elaboración de una norma o su modificación no es un tema que deba dejarse solo a quien tiene el poder formal de hacerlo, como el poder legislativo o las autoridades dentro del ámbito ejecutivo con capacidad de normar, sino que debe incluir análisis exhaustivos de sus impactos y el sustento que lleva a plantear cualquier modificación o introducción de normas y, desde luego, la participación ciudadana en general y de los grupos o sectores directamente impactados en particular.
Es de llamar la atención la facilidad con la que diversos actores buscan justificar sus actividades proponiendo y tratando de sacar adelante reformas, normas, leyes, reglamentos sin evaluar los impactos que estas modificaciones a las reglas pueden tener no solo en los sectores que norman sino en la población en su conjunto. Con esto no busco decir que la inmovilidad en esta materia es lo mejor, por supuesto que no, al contrario, toda innovación en las reglas de juego que impulse una mayor capacidad para competir, en el caso de las empresas, es, en principio, positiva. Lo negativo está en el ejercicio normativo que constriñe la competitividad y dificulta y encarece, en última instancia, la capacidad de producir y distribuir bienes y servicios para la población.
Varias características podemos notar en pretensiones normativas que afectan la competitividad en lugar de impulsarla. Menciono tres ejemplos. Uno, incertidumbre: si la norma introducida genera en los jugadores duda fundada y desconfianza. Dos, ideología por encima de evidencia: si la norma se afianza en opinión y no en evidencia y ciencia. Tres, menos competencia: si la norma desincentiva a jugadores y tiende a hacer menos atractivo participar. Sumar a la competitividad e impulsar reglas del juego que la favorezcan debería ser parte de las tareas de quienes participan directamente en el ámbito productivo pues, se supone, buscan es mantenerse en el juego.
@EdgarSalinasU
