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Centros penitenciarios de Durango 'siguen sobrepoblados'

Se detectaron también deficientes condiciones de materiales e higiene

Hay deficiencias como la presencia de actividades ilícitas, alertó la CNDH. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Hay deficiencias como la presencia de actividades ilícitas, alertó la CNDH. (EL SIGLO DE TORREÓN)

EL SIGLO DE TORREÓN

El Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 1 de Durango, tiene una capacidad para albergar a mil 647 personas, pero su población es de tres mil 387, reveló el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la semana pasada.

Asimismo, este Centro de Reinserción tiene capacidad para 157 mujeres, pero una población de 274, por lo que se encuentra sobresaturado.

En el caso del Centro Distrital de Reinserción Social Número 2, de Santiago Papasquiaro, tiene una capacidad para 140 personas pero la población supera dicha capacidad, con 168 internos. Mientras que en el aparado de mujeres, tiene capacidad para 10 y se encuentran seis en el lugar.

a considerar

El Diagnóstico refleja que la tendencia de evaluación del Cereso Número 1 es a la baja, ya que obtuvo una calificación de 5.89.

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Las autoridades mencionaron que se pudo registrar una contención del mismo sentido en el resto de los índices delictivos

Se detectaron deficiencias en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, así como hacinamiento, sobrepoblación, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y también la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular es un aspecto en el que se debe prestar atención.

Se detectaron también deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, falta de normatividad que rige al centro, insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas.

Además, se observó una deficiente integración de expediente técnico-jurídico e inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, entre otros aspectos que se deben atender.

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