El pasado 15 de junio, autoridades de Torreón allanaron y clausuraron el centro de rehabilitación Sánate Laguna, por operar de manera clandestina. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Existen a nivel estatal casos documentados de malos tratos, privaciones ilegales de la libertad, golpes y hasta homicidios
Los centros de desintoxicación para adictos a drogas son un negocio millonario para sus propietarios, muchos de ellos exadictos que replican sus experiencias en instituciones por las que pasaron, a "anexos" que ellos luego crean.
Escatimando gastos, evitan contratar de tiempo completo médicos, enfermeras, psicólogos o psiquiatras, y no satisfacen las necesidades reales de los internos en proceso de rehabilitación para su reinserción a la sociedad.
La falta de centros gubernamentales especializados en la rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas, obliga a las familias de éstos a buscar soluciones alternas, como los "anexos".
Estos sitios violan los derechos humanos de los consumidores de droga, al no respetar "la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente", pues lo mantienen privado de su libertad contra su voluntad.
Los toxicómanos, pese a su problema de adicción, tienen derecho a aceptar o rechazar su internamiento, pero no les toman su opinión.
Los reportes de maltrato físico y psicológico son frecuentes en estas instituciones.
CASOS DOCUMENTADOS
Existen a nivel estatal muchos casos documentados de malos tratos, privaciones ilegales de la libertad, golpes y hasta homicidios. A continuación los cuatro más recientes.
El 15 de junio, en un operativo conjunto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón; la Dirección de Inspección y Verificación; Prevención del Delito; la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif); y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, allanaron y clausuraron en Torreón el centro de rehabilitación Sánate Laguna, por operar de manera clandestina y tener mujeres y menores de edad anexados.
El 29 junio en Saltillo, Brandon de Jesús "L", de 23 años de edad, falleció en un hospital; estaba internado en el anexo Familia Sepia, de donde fue trasladado en mal estado al centro médico, donde perdió la vida.
El ocho de julio, en el centro de rehabilitación Escudo de Salvación, de Ciudad Frontera, el interno José Alfredo "N", murió a causa de una golpiza recibida a manos de los encargados, como castigo porque trató de escapar de su forzado cautiverio.
En este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió a seis de éstos y judicializó el expediente, la carpeta de investigación número 0891/2022, y aún hay por lo menos un presunto homicida prófugo de la justicia, contra quien existe orden de aprehensión y ficha roja para su búsqueda internacional.
Carlos "Z", "anexado" en el centro Vibe, en Monclova, el domingo nueve de octubre se fugó de la institución y denunció ser víctima de golpes y malos tratos. Él y su familia presentaron una querella penal contra los encargados de dicho centro ante el Ministerio Público.
EXPECTATIVA
El Artículo 12 de la Ley Federal para la Prevención y Rehabilitación de Adicción a Drogas Señala que la rehabilitación será gratuita en el orden federal. Las instituciones públicas estatales y privadas, podrán cobrar una cuota.
Y cuando la persona que solicite los servicios, carezca de recursos y se trate de una institución privada, el Estado se hará cargo del costo de su tratamiento.
El Artículo 13 establece que los centros dedicados a esto, deben brindar asistencia profesional, que no sustituya la farmacodependencia con otro objeto o actividad, dar atención médica y rehabilitadora; orientación y capacitación ocupacional; orientación y capacitación a la familia o terceras personas que convivan con el usuario de las drogas, y reinserción laboral y social.
El articulo 154 Bis. 3 de la Ley Estatal de Salud del Estado de Coahuila, señala que "para el tratamiento de los farmacodependientes, la Secretaría deberá crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente".
LA REALIDAD
En Coahuila sólo existen dos instituciones psiquiátricas del gobierno estatal donde se puede atender a personas con problemas de adicción, los Centros Estatales de Salud Mental (Cesame) de Saltillo y de Parras de la Fuente.
En el resto de la entidad, incluso en la capital de Coahuila, existe una indeterminada cantidad de centros de rehabilitación privados que se mantienen en bajo perfil, y que son conocidos como "anexos", los cuales ofrecen por un costo económico sus servicios.
Este tipo de instituciones, por regla general rentan una casa con las dimensiones estándar que una vivienda de clase media puede tener.
Internan a sus pacientes, los farmacodependientes, bajo un contrato de tres meses, encerrados, sin permitirles salir, para que puedan, supuestamente, desintoxicarse y no corran el peligro de arrepentirse y que busquen narcóticos para consumir.
De manera paralela les brindan, presuntamente, un tratamiento psicológico y emocional para que cuando estén desintoxicados no recaigan y puedan regresar para reintegrarse a la sociedad.
Sin embargo no tienen personal médico, de enfermería ni psiquiátrico o psicológico que atienda a los internos.
Violan las garantías básicas de sus anexados desde el momento en que los privan de la libertad sin su consentimiento y les brindan un trato abusivo y denigrante.
Esas instituciones laboran con "padrinos" o "servidores" que hacen las veces de personal de salud y de apoyo emocional, sin más experiencia que la vivida como antiguos anexados.
El ingreso al anexo tiene un costo económico elevado. En el centro de rehabilitación Vibe la inscripción es de cuatro mil 500 pesos, y el internamiento cuesta mil 500 semanales, durante los tres meses que dura el tratamiento, señaló Katy, Reyes, familiar de uno de los adictos internados, dato que fue corroborado por parientes de otros anexados.
El clausurado anexo Escudo de Salvación tenía los mismos costos de internamiento y de inscripción, confirmó la familia de la víctima de homicidio.
Vibe cuenta con 83 anexados, a los que mantiene hacinados en una vivienda, en condiciones infrahumanas, muchos de ellos durmiendo en el piso, en instalaciones que según la Secretaría de Salud apenas cumplen con las normas.
Estos 83 internos le representan al anexo un ingreso semanal de 124 mil 500 pesos, 17 mil 785.14 pesos diarios, que en un mes de 30 días suman 533 mil 554 pesos con 20 centavos.
Escudo de Salvación tenía 160 ingresados, que le pagaban en conjunto 240 mil pesos a la semana, es decir, 34 mil 285.71 pesos diarios, lo que es un ingreso bruto de un millón 28 mil 571 pesos con 30 centavos por mes.
A cada familia que interna a algún familiar en este tipo de centros, le cuesta el "tratamiento" de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social de su pariente adicto por 90 días 19 mil 285.71 pesos, sin contar los cuatro mil 500 pesos de la inscripción.
Alimentos, artículos de limpieza personal y ropa de cama, los deben llevar los familiares de los anexados, una vez por semana para su manutención.
Sin personal al cuál pagarle salario, porque son "servidores" o "padrinos" los encargados, con gastos de alimentos reducidos (porque una parte la aportan los familiares de los huéspedes), una renta, servicios de agua, electricidad y telefonía para uso doméstico, los egresos de los anexos están muy lejos del tope de sus ingresos.
Estos institutos, para cubrir con los requisitos de atención médica y psicológica o psiquiátrica, contratan por un día a los profesionales de la salud, pero les cobran aparte la consulta a los familiares de los farmacodependientes en rehabilitación.
Algunas de estas instituciones pueden estar operando con la mejor de las intenciones, y están registradas ante las autoridades de salud y hacendarias, pero no cuentan con el personal de salud profesional a tiempo completo.
Otras estarían viendo este tipo de actividad, la rehabilitación de consumidores de drogas, como un negocio redondo.
Las lagunas en las leyes federales y estatales no pueden ser suplidas por reglamentaciones municipales de Salud Pública o de Prevención y Control a las Adicciones, como las que tienen Monclova y Torreón respectivamente, porque no está en la esfera municipal su regulación.
El caso del asesinato en el centro de rehabilitación Escudo de Salvación no es el primero en el que un interno muere en uno de estos institutos.
El pasado nueve de octubre, los diputados locales Martha Loera Arámbula y Eduardo Olmos Castro, presentaron una iniciativa para crear la Ley para la Prevención, Control y Tratamiento de las Adicciones para el Estado de Coahuila.
Ésta tiene como objeto establecer procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de los problemas derivados de la adicción, impulsar la rehabilitación y la asistencia integral de las personas con farmacodependencia.
La propuesta de los asambleístas se divide en VIII capítulos, que establecen las bases de organización de los centros de tratamiento y rehabilitación que operen en el estado de Coahuila, y su regulación.
También establece medidas que deberán existir con visitas de verificación a estos centros, para controlar su correcto funcionamiento y garantizar que respeten los derechos humanos de las personas internadas, y medidas de seguridad para la protección de éstas.
UNA LEY CON DIENTES
La propuesta llevada a la máxima tribuna del Estado contempla, como pocas, sanciones a quienes violen los ordenamientos. Esta ley, contará con dientes que rasgarán, de manera metafórica, a quienes traten de violarla.
La ley determina las infracciones y sanciones que pueden ser cometidas, pero también los medios de defensa, en caso de aplicación de las mismas.
Sin embargo no contempla un presupuesto, estudios y creación de políticas públicas que permitan la viabilidad de dicha ley y de los programas que pudieran crearse, en el caso de que se apruebe.
Las dependencias responsables, como la Secretaría de Salud, sin recursos económicos puntuales para los estudios, las investigaciones y la estructura jurídica y operativa necesaria para hacer valer la ley, dejará a ésta como letra muerta.
INSTITUCIONES
psiquiátricasdel
gobierno de Coahuila atienden a personas con problemas de adicción.
MDP
Hasta un millón 28 mil 571 pesos mensuales obtenía el anexo Escudo de Salvación, con 160 ingresados.
