Cunden los males, cortesía del poder público y de otras fuentes que tributan a nuestro insomnio. Es gravísimo lo que ocurre con los migrantes en la frontera sur. Les hemos propinado un maltrato brutal, testimonio del aprecio oficial por los derechos humanos. Nuevamente, las palabras se distancian de los hechos. Los separa el abismo de la conducta gubernamental precisamente donde más puede doler: la dignidad humana.
Por si fuera poco, del infierno vino un rayo disparado por nuestros extravíos: la alianza entre un grupo de legisladores mexicanos y una facción extremista que llegó en una carabela para darnos consejos sobre los peligros que acechan a Méjico y a los mejicanos. No echaré más leña a la hoguera en la que debe arder el documento que suscribieron los aguerridos visitantes y nuestros dóciles compatriotas.
Ahora me referiré a un ejercicio que hemos convertido en deporte nacional: jugar con las palabras de la Constitución, para que digan lo que no dicen, o lo que place al caudillo que administra la nación. Me ocupo de esto porque todavía creo que las palabras de la Constitución tienen algún valor, no sólo para nutrir las lecturas de los juristas, sino para amparar los derechos de los ciudadanos.
Hace poco participamos en una consulta sobre cierta pregunta que tuvo su origen en una ocurrencia presidencial. El Ejecutivo propuso una pregunta inconstitucional, reconstruida por el Poder Judicial. Éste habló de los actores políticos del pasado (¿desde cuándo? ¿acaso desde Guadalupe Victoria?), pero aquél se empeñó en señalar a los expresidentes de la República, por sus nombres. La consulta costó muchos millones de pesos (que pudimos aplicar a la rehabilitación de escuelas y al suministro de medicinas). El resultado fue un parto de los montes. De las urnas debió salir un león; pero emergió un ratón.
Otro juego con las palabras de la Constitución, cuyo sentido se reconstruyó a placer del lector, se refiere a lo que previene la norma suprema sobre privación de inmunidad de funcionarios locales: el "caso de Tamaulipas". La Constitución manda lo que manda, con meridiana claridad, pero muchos optaron por leer lo que les dictó su pasión. Ahora tenemos pendiente una decisión de la Suprema Corte sobre la lectura de un texto constitucional que no encierra ningún misterio.
Ya era mucho, pero parió la abuela. Acometimos otra relectura para que las palabras de la Constitución se entendieran como lo quiere el Ejecutivo. Aquélla habla de revocación del mandato presidencial (artículo 35, fracción IX). A esto debe referirse la pregunta que se formule a los ciudadanos en el perturbador proceso de revocación que nos ocupará en 2022. Pero la holgada voluntad del gobernante y la mano obsecuente de los legisladores ampliaron el alcance de la pregunta: se nos consultará si queremos revocar el mandato del presidente (como dice la Constitución) o dejarlo que siga en su cargo (como prefiere el caudillo, halagado por el artículo 19, frac. V, de la flamante Ley Federal de Revocación de Mandato).
Esta pregunta carece de sustento constitucional. Pero servirá para que el promotor (que no es el pueblo, aunque se hable de las "personas ciudadanas", como dice, con redacción pintoresca, el artículo 7 de esa ley) aliente la ratificación (casi una reelección), se cubra de gloria y multiplique las invectivas contra la autoridad electoral. En el lance perderemos miles de millones de pesos. Pero habrá circo, que ayuda a distraer nuestra atención del estado que guarda la República.
