Van 89 candidatos asesinados en el periodo comprendido entre septiembre del 2020 y ayer, 28 de mayo, incluyendo ya en esta cifra la muerte de Cipriano Villanueva, candidato del partido Chiapas Unido, en Acapetahua, Chis, ultimado ayer.
De esta cifra, tan solo 35 candidatos han sido ejecutados en estas últimas semanas de campaña electoral, además de múltiples agresiones a otros candidatos que por fortuna no tuvieron un fatal desenlace.
Mientras tanto, el presidente López Obrador, en su mañanera de ayer viernes acusó de amarillismo a los medios de comunicación por informar de ello a la sociedad y antes, ya había minimizado estos lamentables hechos justificando que es normal en el contexto electoral.
La pregunta inevitable es ¿cuántos candidatos sobrevivieron en este periodo electoral a las amenazas, chantajes y hasta secuestros realizados por el crimen organizado y terminaron negociando su subordinación?
Esto significa haberse doblegado y aceptado sus condiciones, lo cual augura una alta posibilidad de municipios donde el jefe de plaza del cártel dominante en la zona dará órdenes al alcalde legítimo y sin que sepamos, la policía estará compuesta por sicarios o policías a su servicio, para actuar con total impunidad en ese territorio. Además, seguramente este sujeto tendrá acceso a las finanzas del ayuntamiento y la obra pública será desarrollada por las empresas propias del crimen organizado.
Esto significa que en total opacidad la delincuencia organizada tendrá el control de la vida cotidiana de muchos municipios, incluso el control del tránsito, el cual está garantizado por nuestra Constitución, pero que en algunas zonas del país podría ser cooptado por la delincuencia organizada.
Sin embargo, el desinterés y la falta de concentración en este problema están generando un riesgo para la seguridad nacional. Es evidente que el interés presidencial se focaliza en lo relativo al control político y al control de la agenda pública, sin tomar en cuenta el grave riesgo de gobernabilidad que representa la posibilidad de que un importante número de ayuntamientos estén bajo el control del crimen organizado.
Los arcaicos paradigmas ideológicos de la lucha de clases y las viejas prácticas políticas, como las que caracterizaron a los regímenes de Fidel Castro, Hugo Chávez y otros dictadores latinoamericanos, incluso de derecha como Pinochet, hoy no son viables. Dividir a la sociedad para controlarla, como dicen los viejos manuales de capacitación política de los trasnochados ideólogos socialistas, abre la puerta a la irrupción del crimen organizado, que toma control político de territorios poco vigilados y ayuntamientos pequeños y vulnerables, que sumados podrían constituir para la federación una pérdida territorial considerable y un grave problema de seguridad nacional.
Twitter: @homsricardo
