No deja de ser sorprendente la premura, incluso la urgencia, con la que desde las filas oficialistas se está promoviendo una reforma electoral que puede abarcar un abanico amplio de temas.
Habiendo docenas de problemas en verdad sustantivos que no se han podido resolver en el país, ciertos actores políticos prefieren enfocar su tiempo y su energía en algo que nadie está reclamando desde la sociedad civil y que en muy poco beneficiará a la población en general, como una reforma electoral.
El sentido común y todas las enseñanzas en materia de administración (tanto en el ámbito privado como en el público), nos advierten que si algo funciona bien no se le deben hacer cambios. Y en México hay pocas cosas de las podamos presumir que funcionan bien, pero una de ellas es precisamente el sistema electoral.
La historia que tanto les gusta recordar a algunos lo avala: el sistema electoral mexicano ha permitido al menos desde 1997 una muy sana pluralidad en el ámbito legislativo. Ha permitido también una igualmente sana alternancia en la Presidencia de la República, la cual han ocupado tres diversos partidos y coaliciones desde 2000 hasta el día de hoy. A nivel local las alternancias se han producido con normalidad a nivel estatal y municipal. Cuando ha habido diferencias de criterio sobre los resultados electorales, los afectados han hecho uso de las vías jurisdiccionales previstas en la Constitución y en las leyes, a fin de que el Tribunal Electoral fije las soluciones correspondientes.
Los votantes han demostrado su confianza en las elecciones, acudiendo de manera masiva a ejercer sus derechos de participación política. En ocasiones ha habido mayor abstencionismo del que quisiéramos, pero en términos generales la participación ha sido considerable.
A la vista de todo lo anterior, ¿por qué de pronto tendríamos que acometer, con prisas y de forma poco dialogada, una nueva reforma electoral? No digo que no haya cosas que mejorar en la legislación que rige los procesos electorales. Pero lo cierto es que el país tiene problemas mucho más sustantivos, que deberían requerir la atención de nuestros legisladores.
Quizá esa anunciada reforma electoral no sea más que una excusa para un ajuste de cuentas personal en contra de algunos consejeros del INE. Razón de más para rechazarla y no permitir que se legisle a través de estilos mafiosos para intentar ganar a través de los artículos transitorios lo que no pudieron obtener en las urnas.
Twitter: @MiguelCarbonell
