Durante años, miembros de la Policía Estatal creada en 2009 para combatir a 'Los Zetas' han traficado armas, drogas y migrantes. (ARCHIVO)
Cuando se les pregunta a cuatro exmiembros de la policía de élite de Coahuila cómo definirían a la corporación en la que trabajaron, todos emplean la misma palabra: cártel. Las autoridades dicen que en la zona fronteriza de Piedras Negras ningún grupo del crimen organizado controla el territorio desde que las fuerzas del Estado debilitaron a Los Zetas hace casi una década.
Exintegrantes del grupo de élite, 12 agentes que han trabajado en Piedras Negras desde 2008, exfuncionarios del Ministerio Público y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila, abogados y víctimas que El Universal entrevistó durante 10 meses y los documentos oficiales y carpetas de investigación a los que ha tenido acceso, cuentan una historia diferente.
Durante años, miembros de la Policía Estatal creada en 2009 para combatir a "Los Zetas" han traficado armas, drogas y migrantes. Para mantener el control han secuestrado, torturado y desaparecido personas de manera sistemática. Roberto, un exintegrante de esta unidad policial, cuenta en entrevista que él y otros agentes mataron a un hombre a sangre fría en un retén en 2014 y, para que las matanzas del pasado camuflaran el crimen del presente, lo enterraron en una hacienda a las afueras de Piedras Negras que sabían fue utilizada por "Los Zetas" como fosa común.
"Eran dos malandrillos que traían un arma y droga, pero era para consumo de ellos. Al otro lo agarramos y lo pusimos a disposición. Y a ese que le disparamos [en el hombro], pues ya, a ese sí lo matamos", dice Roberto, que pide reservar su identidad porque teme que los que un día fueron sus compañeros lo ejecuten.
"En Coahuila te pueden decir que no hay cártel. En Coahuila esos cabr... [los policías de élite] son el cártel", afirma Sebastián, quien cuenta su pasado de cinco años en la unidad como una sucesión de tráfico de armas y drogas, enfrentamientos fingidos, escenas de crimen alteradas y extorsión, secuestro y tortura de los coyotes que cruzan migrantes a Estados Unidos.
Sólo desde 2014, de acuerdo con el libro de gobierno de la zona norte de Coahuila —un registro del Ministerio Público— al que tuvo acceso El Universal, hay al menos 256 casos abiertos contra la policía de élite: amenaza, robo, allanamiento, secuestro, desaparición y homicidio.
Desde su fundación, la policía de élite se ha llamado Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), luego Fuerza Coahuila, después Policía de Acción y Reacción, Policía Especializada de Coahuila, Policía Civil de Coahuila, y ahora Policía Estatal. Lo que no ha cambiado, según todas las fuentes de esta investigación, es que cualquier actividad ilegal en esta frontera está bajo su dominio.
'LOS ZETAS' Y LA POLICÍA
Cuatro expolicías que trabajaban en Piedras Negras durante el control de "Los Zetas" coinciden en que salieron de la academia pensando que debían servir a los ciudadanos, pero lo que hacían era servir al crimen.
Informaban detalladamente sobre cualquier movimiento, recibían sobornos y hasta liberaban a integrantes del cártel. Ninguno trabajó para un superior que no estuviera en su nómina.
"Nos usaban ['Los Zetas'] como corporación. Levantábamos gente y la entregamos, y ya se los llevaban", dice uno de ellos.
"Yo llegué en su apogeo. O sea, tú no podías hacer nada porque… no te regañaba tu jefe, te llevaban con ellos", dice otro al que llamaremos Jacobo por motivos de seguridad.
El relato de mando único criminal que cuentan los agentes es muy similar a las declaraciones que los integrantes de "Los Zetas" ofrecieron entre 2013 y 2016 cuando fueron juzgados y sentenciados en tribunales de Texas, Estados Unidos, por tráfico de drogas y armas, y por lavar dinero en carreras de caballos.
En agosto de 2009, Armando Luna Canales, entonces secretario del gobierno de Coahuila, presidido por Humberto Moreira, presentó a la policía de élite. De 700 aspirantes, sólo 100 fueron admitidos. Apenas 56 acabaron el curso.
A partir de 2011, la violencia en Coahuila se desató.
A finales de 2012, al tiempo que "Los Zetas" se debilitaban y se convertían en un grupo desarticulado y con menos poder, la presencia de la policía de élite comenzaba a ser más habitual en las calles de Piedras Negras.
Jacobo acabó huyendo de Piedras Negras. Hoy vive en otro estado, alejado de cualquier tarea policial. Su pasado lo tiene registrado en una USB con documentos y fotografías sobre desapariciones y asesinatos. En un momento de la conversación da doble clic en una de las carpetas de la memoria y comienza el relato en el mismo tono de quien repasa un álbum familiar. Hay fotos de personas que sus jefes le pidieron ejecutar para tener el control de la plaza. Otras de excompañeros que traficaban droga. De víctimas que luego de ser torturadas acababan en el río. De cuerpos arrojados con mantas para atribuir el asesinato a "Los Zetas", cuando los autores habían sido elementos del GATE, llamados gates.
EL CONTROL DE LA FRONTERA
Entre 2011 y 2013 empezaron a llegar quejas sobre el GATE y otros grupos similares del estado como Cobra y Grom a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila (CDHC).
"Los acusaban de uso excesivo de la fuerza, accionaban armas de fuego. Llegamos a conocer ejecuciones sin que hubiera un motivo para realizar los disparos. Las quejas eran constantes. Que se metían a las casas a la fuerza. Que se llevaban a gente detenida. Los que aparecían con vida eran puestos a disposición con droga, con armas de fuego e, incluso, a algunos los desaparecieron", recuerda un funcionario que trabajaba en la comisión en aquella época.
En ese entonces Rubén Moreira había sucedido a su hermano como gobernador de Coahuila. El presidente de la CDHC era Armando Luna Canales. Cuando Luna Canales regresó a la Secretaría de Gobierno, las quejas y recomendaciones de la comisión contra la policía de élite aumentaron. En 2014 se habían duplicado (512) y en 2019 marcaron su máximo: 758. En total, la comisión ha recibido 5 mil 758 quejas sobre los policías de élite. Las recomendaciones pasaron desde las 13 en 2012 a alcanzar más de 35 anuales. De acuerdo con el libro de gobierno sobre policías especiales al que esta investigación tuvo acceso, de 2013 a 2015 hubo sólo 11 denuncias, para 2015 fueron 58. En 2017 se alcanzaron las 90. La mayoría fueron por tortura, pero también por allanamiento de morada, homicidio y por desaparición forzada.
En ese tiempo, Alejandro, quien llevaba más de 10 años dentro de la policía estatal de Coahuila, empezó a notar que los gates operaban de forma distinta: "Estábamos en una reunión y reportaron un enfrentamiento, un grupo operativo de aquí de Coahuila [GATE] estaba de responsable de turno. Y mando a mis elementos a que fueran a verificar. Cuando llegaron ya no nos gustó, porque eran unas personas que no traían armas y, a las horas, sin que nos dejaran arrimar, ya habían aparecido con armas en las manos. Estaban ya trabajando como no debe ser", relata.
La abogada Ariana García del Bosque, asesora jurídica en la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, comenzó a escuchar en 2013 sobre varios casos de desaparición forzada.
En su archivo guarda 168 investigaciones por desaparición forzada que apuntan a diferentes autoridades: 118 personas fueron localizadas con vida, ocho muertas y 42 continúan desaparecidas. El último caso de desaparición que acompaña ocurrió hace apenas tres meses.
"Es evidente que hay una estructura [policial] que está soportada por el Estado. Las maniobras que están realizando no son en aras de la protección, sino en aras de un control de la delincuencia. Y este control tiene que ver con el trasiego mismo y distribución del narcótico, y el control del paso de los migrantes a Estados Unidos", subraya.
Roberto, uno de los exgates entrevistados define a sus antiguos compañeros como "el cártel de la zona" por cuatro razones:
- La primera, trasladan armas como criminales.
- Dos, tienen puntos de venta de drogas como delincuentes.
- Tres, trabajan en conjunto con criminales, a los que incluso les prestan uniformes.
- Cuarto, torturan, secuestran, matan y desaparecen personas como criminales.
El Universal solicitó la posición y una entrevista con las autoridades estatales, pero hasta el cierre de su edición no hubo respuesta.
