Esta diligencia se da luego que un Juez Federal ordenó a la FGE que investigue caso. (SERGIO A. RODRÍGUEZ)
La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios y Servidores Públicos, aperturó el Protocolo de Estambul, para dictaminar si los abogados César García Diosdado y Pedro Peña así como el ciudadano Nazario Peña Zamora fueron torturados por elementos de la Policía Estatal.
Esta diligencia es parte de la carpeta de investigación que se abrió contra un mando y varios elementos de la Policía Civil de Coahuila (PCC) acusados en el fuero común de privación ilegal de secuestro y tortura por parte del ciudadano.
Un Juez federal ordenó que se realizaran las investigaciones en base al amparo promovido por el doctor en derecho penal César García Diosdado, como víctima de los hechos.
Estos ocurrieron el pasado 21 de agosto cuando García Diosdado y Peña llegaron a una calle del fraccionamiento Azteca en Monclova, llamados por el cliente de estos, Nazario Peña Zamora, quien era en esos momentos golpeado por agentes de la policía estatal.
Los abogados trataron de documentar estos hechos grabando con sus teléfonos celulares lo que ocurría, pero fueron brutalmente golpeados y en el caso de García Diosdado, detenido y llevado a la comandancia de la Policía Estatal.
Abogados del doctor en derecho que se dieron cuenta de lo que ocurría, promovieron en esos momentos un amparo para que liberaran al jurista detenido y torturado. En la resolución de éste, el Juez ordenó a la FGE que investigara los actos de tortura, pues eran visibles las huellas de violencia en el demandante.
El civil permaneció varias semanas hospitalizado a causa de las graves, y quedó con secuelas permanentes, según un médico de la víctima.
Este miércoles, personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios y Servidores Públicos llegó de Saltillo a Monclova para realizar la diligencia.
Peritos en medicina y psicología de la Fiscalía revisaron a los querellantes de acuerdo al Protocolo de Estambul, procedimiento internacional para dictaminar la tortura y el secuestro.
