El movimiento de mujeres, COVID-19, periodismo de datos, y las alianzas regionales de gobernadores son cuatro realidades que el actual gobierno federal no ha podido sortear con la eficacia narrativa y política que le había caracterizado. La duda acerca de dónde estaría la oposición, normal en todo régimen democrático, emergía ante la debilidad a la que fueron relegados los partidos políticos tras los contundentes resultados electorales de 2018 y de los que siguen acusando nocaut.
Respecto a la primera realidad, se trata de un tema en la agenda aún abierto y sobre el cual las adecuaciones normativas e institucionales están lejos de ser satisfactorias. De la segunda, la profundidad del desafío está por precisar, mientras el enfoque sigue siendo la contención de la crisis y falta tiempo, y aún mucho dolor, para determinar los contenidos de la fase de recuperación. En cuanto al tercer aspecto, su protagonismo será mayor con el paso de los meses, lo mismo que la cargada en su contra.
En relación con la cuarta realidad, el tema principal que ha unido a los gobiernos originalmente convocantes (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) con aquellos posteriormente incorporados (Michoacán, Colima, Jalisco, Durango), es el planteamiento de modificar el actual pacto de coordinación fiscal. A esta postura se agregaron el fin de semana los gobiernos de Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur y Aguascalientes quienes en su propuesta de Acuerdo anotaron como primer punto: "libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica, mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponde, y no solo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta."
La narrativa básica que acompaña a la postura de revisar el pacto de coordinación fiscal no es que tenga más de cuatro décadas y que el país ha cambiado. El señalamiento es otro y recto: se trata, dicen, de un pacto que distribuye de manera injusta los recursos. Los estados norteños argumentan que sus aportaciones al PIB y recaudatorias son mayores a las de otras entidades, sin embargo, los recursos que reciben de la federación son bajos e inequitativos.
Tal argumentación, con fines más comunicacionales que analíticos, pone el acento en la necesidad de replantear el Pacto, aunque no necesariamente lo hace desde la complejidad de su contenido. Tomemos para ejemplificar dos abordajes. Uno local y otro nacional. En su "Coahuila en el dilema del Pacto Fiscal", el CCI Laguna hace evidente la insuficiencia de las conclusiones no sistémicas. Dos muestras: Saltillo con dos mil trabajadores menos que Torreón registrados ante el IMSS en 2019, aportó 254 millones de pesos más de ISN. Y lo mismo ocurre por concepto de Control Vehicular. Acá en La Laguna hay una queja recurrente de que la inversión pública en la capital del estado es desproporcionalmente mayor. Tal vez los números aportan un indicio del motivo, ¿de allí se desprende que lo justo es que se destine más dinero a Saltillo?, ¿cómo mejorarían sus condiciones el resto de los municipios? Solo con redistribución.
En el mismo estudio se señala que, en la relación entre recaudación tributaria y recursos federales recibidos en 2019, a Coahuila le fue bien, pues recibió 1 130 millones de pesos más de lo recaudado. No fue el caso de CDMX, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Colima, Jalisco, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes que obtuvieron menos. El resto de los estados recibió más de lo recaudado. Redistribución.
Ami Sosa y Luis Mendoza publicaron en Nexos un texto interesante a propósito de la notoriedad en twitter del #Nortexit "y la idea de que los estados del norte subsidian a los del sur". Con datos del INEGI muestran que los impuestos recaudados en el sur fueron dos veces y medio mayores a los del norte en 2019. En tanto las transferencias fueron solo una y media veces mayor.
Por estrategia hacia adelante la revisión del Pacto debería darse. Ya son catorce gobiernos estatales que están a favor y sería absurdo omitirlo. Punto para los gobiernos que iniciaron el planteamiento. Sin embargo, el análisis debe ser sistémico y con visión federalista de futuro. No prosperaría el país si se profundizan las desigualdades regionales, pero tampoco si se desestima el buen desempeño de las finanzas y economía locales.
