Hace unos días la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la prisión preventiva que se dicta con carácter oficioso en el caso de delitos fiscales, contrabando, expedición de comprobantes fiscales falsos, operaciones simuladas, etcétera.
Hubo quienes afirmaron falsamente que ya no se podía privar de su libertad a personas que se habían enriquecido de manera notable por la presunta comisión de tales delitos. Eso lo afirmaron personajes tan relevantes como el Presidente de la República o algunos integrantes del Senado.
Lo que la Corte declaró inconstitucional es que la medida de prisión preventiva se imponga "en automático", sin que se le requiera al Ministerio Público acreditar su necesidad o sin que exista una argumentación jurídica que sirva para entender las razones por las que se solicita y se impone.
En el fondo del debate que se dio en la Suprema Corte hay un elemento central que no debemos olvidar: todas las personas, ricas o pobres, personas acusadas incluso de los peores crímenes, son inocentes hasta que se les declare culpables luego de haberse seguido un proceso judicial en el que hayan tenido la oportunidad de defenderse, aportar pruebas, formular alegatos e interponer todos los recursos previstos por las leyes. La responsabilidad penal no surge por la mera acusación contra una persona ni por lo que de ella digan en las redes sociales o en los medios de comunicación.
La presunción de inocencia es una regla civilizatoria que mucha gente sigue sin entender, pero que supone la obligación de dar un trato digno y respetuoso a las personas que enfrentan un proceso penal. Es una forma de protegernos a todos frente a las tentaciones autoritarias que conlleva el poder penal que detenta el Estado. Por eso nadie debería olvidarlo: proteger la inocencia es ponernos a resguardo de la arbitrariedad con la que, a lo largo de la historia, se ha utilizado el poder punitivo de castigar.
Se equivocan quienes piensan que, de esa forma, se fomenta la impunidad. Por el contrario, nada genera más impunidad que un poder penal que se desentiende de la presunción de inocencia y que encarcela a las personas sin aportar justificación alguna para hacerlo. Por fortuna, la Suprema Corte nos lo acaba de recordar y nadie debería olvidarlo.
Twitter: @MiguelCarbonell
