Un juez volvió a procesar a Armando Saldaña, exdirector general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.
Un juez federal volvió a procesar a Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), por una presunta contratación indebida de más de 185 millones de pesos en el caso de la llamada "Estafa Maestra".
Saldaña fue el primero en denunciar la falsificación de documentos, como mecanismo para desviar recursos en la Secretaría entonces a cargo de Rosario Robles, tras descubrir que su propia firma fue falseada en este mismo asunto, hecho que la propia Fiscalía General de la República corroboró en un peritaje.
A pesar de lo anterior, en cumplimiento a una reposición del procedimiento ordenada por un tribunal colegiado, el juez de control federal Jesús Eduardo Vázquez Rea decidió vincularlo a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El proceso contra Saldaña fue por supuestamente suscribir el convenio con el que la Sedatu contrató a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) para automatizar el registro, control y seguimiento de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, por 185 millones 839 mil 480 pesos.
Durante una audiencia celebrada el pasado martes 24 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juzgador desestimó el dictamen pericial de la FGR en el que concluye que es apócrifa la firma atribuida a Saldaña en dicho convenio.
Vázquez Rea adujo que este estudio forense fue practicado sobre uno de los seis ejemplares originales del contrato cuestionado y que, por tanto, no habrá certeza total de la falsificación de la rúbrica, hasta que sean dictaminados por peritos los otros cinco originales.
Cabe decir que desde hace más de un año, la Fiscalía ha llevado a cabo varias diligencias dentro y fuera de la Ciudad de México para tratar de allegarse de los demás originales del convenio en cuestión, sin que hasta ahora los haya obtenido.
"Se concluye que la prueba (el peritaje en gafoscopía) no desarma por sí sola el caudal convictivo (.) Además, quedó establecido que se pagaron los más de 185 millones de pesos", dijo el juez de control durante la audiencia.
El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria e impuso como medidas cautelares al procesado su presentación mensual en la Unidad de Supervisión en la materia y la prohibición de salir del país, salvo con autorización judicial.
El 2 de enero pasado, el entonces juez de control adscrito al Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, decidió no vincular a proceso a Saldaña por este mismo asunto, aduciendo que la imputación carecía de los datos mínimos para relacionarlo con el ilícito.
El problema es que en aquella audiencia no estuvo presente el apoderado de la Sedatu y por ello un tribunal unitario ordenó reponer la diligencia. Cuando el 20 de mazo volvió a celebrarse, Fuerte Tapia cambió de opinión y procesó al exfuncionario.
Saldaña litigó contra esa decisión y apenas hace unos días logró que el Noveno Tribunal Colegiado Penal ordenara reponer nuevamente el procedimiento y celebrar la audiencia que tuvo lugar el 24 del presente mes, misma en la que tampoco volvió a asistir un representante de la Sedatu.
Esta vez el juez Vázquez Rea volvió a procesarlo, empleando los mismos argumentos que su antecesor Fuerte Tapia y desestimando cada uno de los razonamientos expuestos por la defensa.
Contra esta resolución, la situación legal de exfuncionario vuelve a ser exactamente la misma que hace nueve meses y deberá de recurrir de nueva cuenta al recurso de apelación, para que un tribunal unitario resuelva si confirma, modifica o revoca la vinculación a proceso.
Doblemente indiciado
Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento Territorial de la Sedatu es acusado de uso indebido de atribuciones y facultades:
´El caso que se le atribuye es que contrató a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero para automatizar el registro y control de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.
´El monto del que se le acusa es de 185 millones 839 mil 480 pesos.
