Los laberintos de la justicia en México nos conducen a efectos paradójicos. Si el gobierno de la 4T buscó un endurecimiento de las penas, una multiplicación de los delitos que merecen prisión preventiva, como aparece en el Artículo 19 de la Constitución, para bajar la impunidad y la violencia, los resultados muestran que no se han logrado esos objetivos. Sin embargo, se han agravado algunos efectos colaterales, como un incremento de la población vulnerable e inocente en la cárcel. Así lo muestra el reportaje que hicieron Animal Político y la organización Intersecta.
Especialistas en derecho ya habían advertido que el sistema de justicia en México está afectado por tres debilidades: la marginalidad jurídica de la mayoría; la legalización de privilegios y el control político (Ana Laura Magaloni, "La agenda presidencial en materia de justicia" en 4T claves para descifrar el rompecabezas, 2021). En estos tiempos hemos visto casos de privilegio, como el de Lozoya, que se han vuelto un paradigma del fracaso de la justicia; también aparecen con frecuencia las presiones del poder ejecutivo sobre el poder judicial. Pero, ahora, nos centraremos en el primer rasgo, la relación entre marginalidad social y prisión preventiva.
Los datos del reportaje son contundentes: cada día se encarcelan a unas 300 personas y con las reformas de 2019, la población penitenciaria ha crecido mucho más rápido que en los últimos 15 años. La reforma al Artículo 19 establece ahora al menos 20 delitos que merecen encarcelamiento preventivo. Sin embargo, la impunidad sigue al tope, 95%, y la inseguridad no se ha logrado bajar de forma importante. El 60% de las personas que se encuentran en prisión preventiva, según el reportaje citado, no están sentenciadas. Una mayoría de ellas son por delitos menores de robo y narcomenudeo, y hay casos extremos de acusaciones -en falso- por robo de 100 pesos, que han dejado a la persona en prisión durante años. Hay situaciones extremas como el de Oaxaca o el de la Ciudad de México, en donde el 100% de los encarcelados son "presuntos culpables" sin juicio y sin tener una sentencia (Animal Político-Intersecta).
Parece que existe una gran facilidad para que un juez conceda la prisión preventiva y el 70% de las personas que se encuentran en este proceso viven en condiciones de pobreza y tienen un trabajo precario: por ejemplo, 18.6% son artesanos, 16.2% choferes y 13.4% son campesinos y pescadores; en cambio sólo hay un 1.1% de empresarios, 1.2% de funcionarios públicos y 3.8% de profesionistas. El sesgo de clase es muy evidente. La explicación apunta hacia los mecanismos de defensa. Los pobres no pueden pagar a un abogado y quedan asignados a un defensor de oficio, que atiende en promedio 91 casos "de forma simultánea" y, en algunos estados llegan a tener asignados hasta 337 detenidos, lo cual hace imposible una defensa real. (Animal Político-Intersecta). Ante la tormentosa burocracia del sistema y con el objetivo de salir de prisión lo antes posible, 8 de cada 10 personas deciden -o les aconsejan- declararse culpables aunque no lo sean, porque así reciben una pena mínima; de lo contrario su estancia en la prisión se alarga a la espera de que puedan probar su inocencia.
Este panorama carcelario para los pobres abre un cuestionamiento directo sobre el tipo de sistema político que tenemos. Se repite en todos los espacios públicos que México es una democracia, sin embargo el hecho de tener más o menos garantizados los derechos políticos, no ha implicado la garantía de tener derechos civiles, ya que sólo están vigentes para los que pueden pagar medios de defensa suficientes.
Con datos como los de este reportaje, el gobierno de la 4T debería atender este problema de forma prioritaria. Muchos de los pobres que AMLO dice poner por delante están atrapados en un régimen carcelario que los excluye del sistema de justicia…
@AzizNassif
