(EL SIGLO DE TORREÓN)
El año de Hidalgo en el gobierno federal ya está teniendo sus repercusiones en el ámbito regional. Y es que esta semana, de forma harto misteriosa y sorprendente, el secretario de Salud estatal, Roberto Bernal, dio a conocer que el Estado de Coahuila ya tenía autorizado el proyecto del hospital psiquiátrico público para La Laguna. Decimos harto misteriosa porque dicho proyecto fue aprobado en tiempo récord, ya que fue presentado a la Secretaría de Salud federal el 25 de julio y en menos de un mes ya le habían puesto palomita, algo sumamente extraño en este país. Pero, como era de sospecharse, hay gato encerrado. Resulta que el proyecto del nosocomio, que estará en el municipio de Francisco I. Madero, trae información que contradice lo que las autoridades sanitarias han mencionado, principalmente en lo que tiene que ver con el costo (qué raro) y con los tiempos de construcción y terminación.
Lo que los subagentes han podido averiguar es que el proyecto fue hecho prácticamente al vapor porque el gobierno del preciso Peña Nieto tiene la urgencia de ejercer lo más que pueda los presupuestos para no caer en subejercicios o dejarle el futuro gobierno un colchón de recursos. Cuentan que la orden fue “pregunten a los estados qué quieren y autoricen cuanto antes”. Y así fue que en Coahuila se acordaron que desde hace años se ha necesitado un hospital de salud mental en La Laguna pero no estaban preparados para la magnanimidad de fin de sexenio y es por eso que se aventaron el proyecto como Dios les dio a entender. Esperemos que una vez que ya tienen el visto bueno, ahora se pongan las pilas para corregir lo que sea necesario.
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Quien por lo visto está resintiendo bastante la sequía de recursos en el gobierno provincial de Coahuila debido a la megadeuda es el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores. Y es que el malestar en el sector campirano ha comenzado a crecer debido a la falta de recursos para programas productivos. En este aspecto, dicen, la dependencia del famoso “Chapo” Flores se ha colgado de los apoyos que el gobierno federal entrega y no ha lanzado sus propias carteras. Además, cuentan, el secretario ha optado por establecer una política de bajo perfil para evitar comprometerse con los productores rurales. Muestra de ello es que durante el bloqueo que los meloneros hicieron hace unos días para demandar la ayuda del estado (como siempre), don Chapo no hizo acto de presencia y el Estado mejor mandó al teniente Adelaido Flores, subsecretario de Seguridad Pública, a “negociar” el levantamiento del bloqueo. Una prueba clara del descontento que impera entre las centrales campesinas fue la asamblea del Congreso Nacional Agrario que se llevó a cabo el fin de semana pasado en San Pedro de las Colonias, ciudad natal de Flores. Nuestros subagentes disfrazados de arados y azadones nos reportan que cuando el funcionario estatal hizo acto de presencia y fue nombrado en el recinto se llevó unas sonoras pitas y siseos cortesía del respetable, dentro del cual se escucharon también voces que cuestionaban cuándo iban a ver una acción del gobierno estatal en materia agropecuaria.
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Dos incógnitas recorren al cuestionado Sistema Estatal Anticorrupción, que depende del sistema nacional del mismo rimbombante nombre, ahora que la fiscalía especial que opera dentro de esta nueva armazón institucional se dispone a comenzar a revisar el espeluznante caso de las empresas “fantasma” contratadas en la administración del exgober y exnúmero dos del PRI, Rubén Moreira. La primera de ellas, y la más importante, es qué va a ocurrir con el sistema una vez que el preciso electo López Obrador se siente en la Silla Máxima del Palacio Nacional. Y es que don Andrés ha sido muy renuente a dar cabida a modelos como el puesto en cuestión y sobre todo permitir que la sociedad civil le ponga lupa “desde dentro” a sus colaboradores. Entre algunas asociaciones que participan en el sistema hay incertidumbre sobre si se mantendrán las políticas acordadas o se convertirán en otra cosa. Mucho del futuro del sistema se resolverá con las decisiones que tome el Congreso de la Unión con relación al nuevo fiscal general y al fiscal anticorrupción, asunto que, por cierto, ya se está tardando en ser sometido a discusión. La otra incógnita tiene que ver con el asiento que está próximo a dejar Manolo Gil en el consejo de participación ciudadana. Y es que, a decir de los agudos observadores de la cosa pública estatal, el puesto podría generar una especie de choque entre las organizaciones civiles de La Laguna y las de la Región Sureste. Dicen que como candidata de las primeras se anda moviendo fuerte Leonor Gómez Barreiro, quien ya tiene la venia de grupos combativos como PC29. Como aspirante de la Peronera Capital figura Alejandra Wade, del Consejo Cívico de las Instituciones Coahuila, cercana a los grupos de poder político-económico de la Urbe de Adobe. No es cualquier cosa lo que está en juego, ya que quien sea seleccionada estará dentro del sistema por cinco añotes, es decir, lo que resta de la administración provincial de Miguel Riquelme.
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En ecos del Rally Coahuila 1000 que levantó harto polvo en buena parte de la provincia de la antigua Nueva Extremadura, cuentan que la Canaco esta vez no se sintió tan apapachada por parte de la presidencia municipal. Dicen que en administraciones anteriores, entiéndase las priistas, era un negocio redondo entre ayuntamiento, gobierno del estado y la cámara de comerciantes. Según reportan, el acto previo al arranque realizado en Plaza Mayor de la Perla de La Laguna el jueves pasado sufrió de muchas carencias ya que en esta ocasión el gobierno del panista Jorge Zermeño los apoyó con un recurso muy pequeñito y no existió mucho margen de maniobra para que el evento luciera más. Los subagentes vestidos de motoristas comentan que tal vez éstas sean las consecuencias de las complicaciones que el líder de los comerciantes, Antonio Baille Smith, le generó al actual gerente del rally, Agustín Basurto, por haber realizado una cena de apoyo al excandidato priista a la alcaldía de Torreón y contrincante de don Jorge, Antonio Gutiérrez Jardón. Dicen que a raíz de ahí todo se volvió incomodidad en la relación entre Canaco y la actual administración panista. Cuentan también que para el coordinador del Municipio fue todo un reto colocar a Zermeño como uno de los “principales” patrocinadores. Pero a ver cómo les va el año que entra, porque se oye que el gober Riquelme ya está pensando en llevarse el arranque del rally a su favorita Saltillo para dar una palmada en la espalda al nuevo alcalde consentido de la provincia, Manolo Jiménez.
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En asuntos de la apacible y frondosa Ciudad Jardín, nuestros subagentes disfrazados de árboles con plaga nos reportan que el sector más crítico y criticón de la incipiente sociedad civil lerdense se ha sentido ofendido al saber que el presidente honorífico del DIF municipal, alias “Hijazo de mi Vidaza”, va a recibir el premio internacional Tonantzin 2018 en la capirucha del esmog, siguiendo los pasos de su progenitora, la alcaldesa María Luisa González Achem. El malestar del sector duro de la sociedad lerdense es porque, desde su punto de vista, debe ser la comuna de Lerdo la que otorgue dichos premios y no como en el caso de la señora presidenta que en 2017, a menos de un año de gestión recibió de una entidad española que tiene fama de otorgar premios como si fueran estampitas de santos, un reconocimiento por el impacto social de los programas y el nivel de respuesta, los cuales distan mucho de la percepción ciudadana. El descontento, aseguran, también es porque los servicios del DIF municipal están a varios kilómetros de merecer un premio, así como la transparencia de la actual administración municipal. La calificación de la ciudadanía no concuerda con dichos criterios, dicen.
