Iniciativa. Según proyecto presentado por el senador morenista José Antonio Álvarez Lima (derecha) y turnado a comisiones, se pretende asegurar los bienes a funcionarios corruptos y a sus prestanombres. (TWITTER)
Morena en el Senado presentó ayer una propuesta de reforma Constitucional para arrebatar los bienes a funcionarios y prestanombres que estén envueltos en actos de corrupción.
Se trata de una modificación al artículo 22 de la Constitución para que el Estado proceda a la extinción de dominio frente a ese tipo de delitos.
De aprobarse la medida, dicha sanción también será aplicada en los casos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de la justicia.
Actualmente, la extinción de dominio sólo procede en el caso de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el proyecto presentado en tribuna por el senador morenista José Antonio Álvarez Lima y turnado a comisiones, se pretende asegurar los bienes no sólo a quienes hayan cometido el delito sino también a sus prestanombres.
"La extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito", refiere la iniciativa.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, consideró que la prioridad en el combate a la delincuencia y a la corrupción debe centrarse en el aspecto financiero, es decir, en las ganancias obtenidas por quienes violaron la ley.
Adicionalmente, la iniciativa contempla separar el procedimiento penal que se sigue contra el acusado y el procedimiento de extinción de dominio.
"Será jurisdiccional, de naturaleza penal, pero autónomo del procedimiento que se sigue la investigación y judicialización de los hechos con los que estén involucrados los bienes objeto del extinción", indica.
La intención es que el Estado pueda recuperar los bienes al margen de la condena que se imponga al responsable de los actos de corrupción.
La extinción de dominio aplicará sobre los bienes que hayan sido usados como instrumento, medio o apoyo para cometer un acto de corrupción.
Algunos de los ex Gobernadores involucrados en escándalos de corrupción en los últimos años, como Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo), así como la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, fueron acusados de usar prestanombres para hacerse de propiedades.
Impulsan juzgar al presidente
La bancada de Morena en el Senado propuso reformar la Constitución para que el Presidente de la República en funciones que cometa actos de corrupción o participe en un fraude electoral pueda ser imputado penalmente.
De acuerdo con la iniciativa que suscribió el senador Salomón Jara (Morena), se propone reformar el artículo 108 de la Constitución. En la actualidad la Carta Magna señala que el titular del Ejecutivo sólo puede ser sujeto a responsabilidades penales por traición a la patria y la comisión de delitos graves del orden común.
La propuesta del senador Jara consiste en que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria, violación a la Constitución, delitos contra la humanidad, así como por actos de corrupción o por cualquiera de los delitos electorales vigentes, debidamente comprobados”.
