Conflicto. Habitantes de Tlahualilo consiguen amparo colectivo por el caso del pozo de El Quemado. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Habitantes de Tlahualilo interpusieron el amparo colectivo para suspender la orden de ejecución forzosa de despojo del predio donde se ubica el pozo de agua ubicado en el ejido El Quemado y que fue emitida por el Tribunal Agrario, por lo que ésta quedó por el momento, legalmente suspendida.
La inconformidad de los habitantes de este municipio se debe a que dicho pozo abastece a aproximadamente el 70 de la población de Tlahualilo, Durango, por tal motivo consiguieron el amparo para evitar que se cierre y dejen de contar con el vital líquido.
Ésta se suspendió en primera instancia por la oposición física de los habitantes y ahora se sostendrá por el amparo, en tanto se dé una resolución a éste, según lo dio a conocer la directora jurídica del municipio, Nuria Gallego Nucio.
Dijo que alternadamente a la oposición de las personas inconformes, se presentó este amparo colectivo, mismo que resolvió para su admisión, el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna.
"Se admitió a trámite la demanda el pasado 12 de enero y concedió está suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado actual y sin avanzar más", destacó la abogada.
Por otra parte, dijo que el pasado 15 de enero fue notificado sobre el amparo el magistrado del Sexto Distrito del Tribunal Agrario, por lo que no podrá llevar a cabo ningún acto hasta el momento.
Por otra parte, Gallego Nucio detalló que así deberá ser hasta que la juez de distrito revise la legalidad de los actos y se pueda emitir un juicio o resolución.
El Juzgado deberá determinar si es procedente o no dicho amparo, si hay violación a los Derechos Humanos por el acceso al agua potable.
"La juez va a determinar si finalmente procede o no la ejecución forzosa; mientras tanto, sigue suspendida y no se puede realizar ninguna acción por parte del magistrado ni de nadie más", concluyó la representante legal de los habitantes de Tlahualilo.
En días pasados, el grupo de habitantes inconformes acudió hasta las instalaciones del pozo en el ejido El Quemado de Gómez Palacio para evitar que en ese momento el Tribunal Agrario ejecutara la orden de despojo por un conflicto que se originó legalmente por la posesión de las tierras en las cuales se ubica dicho pozo.
En ese momento, se detuvo la ejecución y se levantó un acta por parte del Jurídico del Tribunal, en el cual se hizo constar que momentáneamente no se podía ejecutar la orden por el bloqueo físico que mantenían los inconformes.
