Dulce Obregón lleva más de 17 años sin sentencia en el penal de Tepozanes, en Nezahualcóyotl, Estado de México, desde que fue detenida por un delito que no cometió. Fue arrestada sin orden de aprehensión en un vehículo no oficial, luego torturada física y psicológicamente. La parte acusatoria nunca la reconoció como supuesta secuestradora y, desde hace 15 años no se volvió a presentar en los juzgados.
Su familia se alegró cuando escuchó al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de un decreto para dejar libres a los presos que no hubieran recibido sentencia y a quienes han sido torturados. Pero el beneficio no le llegó porque era solo para reos federales. Sigue en prisión con la vida robada.
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Ricardo estuvo seis meses en el Reclusorio Sur acusado de extorsión a piperos de la Ciudad de México. Fue detenido en supuesta flagrancia, en un operativo presumido ante los medios como un gran golpe a la delincuencia por parte de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y de Claudia Sheinbaum, pero en videos dados a conocer después se reveló que él no estaba haciendo absolutamente nada. A pesar de que a todas luces, gracias a esas imágenes, su inocencia era evidente, tardó todo ese tiempo en prisión por la burocracia y los tiempos propios del inoperante aparato judicial en México.
Ahora tiene pesadillas todo el tiempo; recuerda la vergüenza que sintió al tener que defecar frente a sus compañeros de celda; recuerda los olores, recuerda los llantos nocturnos, recuerda la comida podrida, recuerda su miedo a no ver crecer a sus hijos. Ahora está libre, con un "usted disculpe nos equivocamos", pero ¿quién le regresa la estabilidad mental y la paz? El Estado no ha levantado la mano.
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Estos casos nos muestran que, efectivamente, el tema de la prisión preventiva oficiosa en México sí es un tema. A cualquiera -a usted que me lee, a algún familiar suyo- le puede ocurrir que, al perseguir un delito, la autoridad primero detenga al acusado o acusada, este(a) ingrese a prisión, y después investigue si efectivamente fue esa persona. La conversación toma relevancia por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la prisión preventiva por delitos fiscales. Y es entonces cuando volteamos a ver cómo están las prisiones en México. Quiénes están dentro, y quiénes están fuera.
Y sí: dentro están miles de personas detenidas que aún no reciben sentencia y que pueden vivir años sin ella. Presos que cuestan al erario hasta 4 mil pesos diarios por los contratos millonarios (y muchos de ellos inflados y bajo esquemas de corrupción) otorgados a las empresas que dan mantenimiento y atención a ellos.
Presos y sus familias que conviven con la incertidumbre y para quienes la vida cambió. Presos que deben pagar para tener un pedazo de cama dónde dormir en las celdas, presos que tienen pesadillas, presos que no volverán a ser los mismos.
Presos que olvidan cómo ir al baño con la puerta cerrada, presos que se endurecen por dentro para sobrevivir y cuando salen con un "usted disculpe es inocente", ya no saben cómo ablandarse para convivir de nuevo. Presos que cargan con enfermedades contraídas en el encierro, presos que acumulan deudas por defenderse. Presos que engrosan el hacinamiento en penales (más de 100% de sobrepoblación en promedio en los penales). Presos que no saben si sus estructuras sociales estarán afuera cuando salgan, tal como las dejaron.
México es uno de los países que más utiliza la figura de prevención preventiva y ronda entre 40 y 50%, según datos del Inegi y de organismos especializados en estos casos. ¿Qué esperamos para hacer un tema de discusión urgente?
Dulce y Ricardo ya no dormirán igual nunca más. Y mientras quien lee esto irá a la cama bajo las sábanas cómodas y calientes, miles de presos inocentes y sin sentencia lo harán entre pesadillas y pesadumbre.
