Continuando con las ideas expuestas en las dos colaboraciones previas, observamos que los retos que enfrentan los gobiernos locales para mejorar la infraestructura y equipamientos urbanos rebasan las capacidades que tienen, por lo que, además de requerir enormes recursos financieros para enfrentar los problemas estructurales que se vienen arrastrando por décadas, también necesitan un significativo esfuerzo de planeación de su desarrollo que les permita ver horizontes en mayores longitudes de tiempo. Torreón ha realizado un significativo avance con el IMPLAN y está por terminar su ordenamiento ecológico territorial, mientras que Gómez Palacio y Lerdo ya cuentan con éstos últimos, quizás deba considerárseles más en la toma de decisiones por los gobernantes locales.
Existen otros problemas que también denotan grandes retos que para enfrentarlos requieren una visión metropolitana y regional, algunos de ellos como la seguridad pública ya se están abordando de esa manera, pero otros no son tomados en cuenta o existen resistencias a incorporarlos en las agendas municipales y estatales. Uno de ellos es la protección y conservación de los reservorios naturales ya declarados como el Cañón de Fernández y Jimulco, o por declarar como el Sarnoso, actualmente sujetos a amenazas que ponen en riego los ecosistemas y la biodiversidad que albergan.
A partir de la Cumbre de la Tierra en 1992 se crea la Agenda 21 Local como un instrumento de política pública e indicador de desarrollo sostenible a nivel municipal, donde la conservación de la biodiversidad juega un importante papel, particularmente cuando en sus territorios existan estos reservorios naturales.
Esta cuestión también es parte de una estrategia nacional y estatal de cuidado del capital natural, pero más allá de las directrices internacionales y nacionales o de las normas en los diferentes niveles de gobierno, lo importante es la valoración cultural y la voluntad política locales para hacerlo, algo que no parece ocurrir en nuestra región como se observa en el gasto público destinado a ese fin y en la permisibilidad oficial a los abusos que actores locales cometen contra la naturaleza en los espacios protegidos.
El daño que se viene provocando por concesionarios de la franja federal al corredor ripario expresado en los cambios en el uso del suelo que fragmentan y deterioran el hábitat en el Cañón de Fernández, son ejemplos de las omisiones de las instituciones reguladoras de las actividades humanas, o aquella que ha diferido la declaratoria del Cañón de las Canoas y la Sierra del Sarnoso como área natural protegida por falta de recursos financieros, son dos ejemplos de esa falta de voluntad política que ubica en términos no prioritarios la protección y conservación del capital natural, como gran parte de los temas que forman la agenda ambiental local.
El otro aspecto a considerar es la definición política de democratizar la política local mediante esquemas de gobernanza en los estados y, sobre todo, en las municipalidades. En Torreón el Gobierno municipal actual promovió la implementación de un reglamento de participación ciudadana que si bien evidencia limitaciones en los instrumentos de política pública que incentivaran el involucramiento organizado de la sociedad civil en los asuntos públicos, constituyó un paso importante; quedó en el tintero y no ha sido sometido a una amplia consulta pública, es un proyecto que los siguientes gobernantes municipales deben retomar hasta su aprobación e implementación.
Crear mecanismos que incentiven y regulen la participación ciudadana en los asuntos que forman parte de la agenda política municipal no debe preocuparnos, por el contrario deben promoverse, ya que ante la ausencia de mecanismos nacionales que limitan la gobernabilidad en México a nivel local significarían un avance importante hacia la construcción de una democracia más madura que la actual. La transformación del viejo régimen político que traba el desarrollo económico y sociocultural de los mexicanos no necesariamente debe provenir del Gobierno federal, es una oportunidad que a nivel local debemos aprovechar para superar los viejos trabucos que impiden una mayor transparencia y rendición de cuentas ante la opacidad prevaleciente.
La validación jurídica y político-administrativa del referéndum, el plebiscito, el presupuesto participativo y otros de esos instrumentos de política pública que contenga esa reglamentación de la participación ciudadana a nivel local constituyen un ejercicio necesario para lograr un buen gobierno. Finalmente, la gobernanza, entendida como una forma apertura a esa participación ciudadana, es un ejercicio ineludible que contribuye al desarrollo local en la medida que somete a los alcaldes y cabildos al escrutinio permanente de los ciudadanos que los eligieron y de aquellos que no votaron por ellos.
Los municipios vecinos de la región también deben promover estos instrumentos de política pública local, particularmente aquellos que forman parte de la zona metropolitana, para que la construcción de la democracia en el ámbito municipal ocurran en sintonía y no prevalezcan diferencias en otros aspectos como la movilidad sostenible y los servicios públicos. De otra forma, el desarrollo local presentará dificultades en su integración regional que continuaran marcando la vida laboral y doméstica de los laguneros.
En síntesis, podríamos decir que nuestras municipalidades y sus gobiernos aún enfrentan retos estructurales, requieren grandes recursos para resolverlos, una visión de largo plazo sobre el desarrollo local sostenible y la voluntad política para promover políticas públicas que transformen significativamente el entorno en que vivimos y nuestras propias vidas. Los gobiernos locales que tomen el toro por los cuernos apoyados en una mayor participación ciudadana son los que lograrán trascender en las siguientes generaciones.
