Por cada peso dedicado a infraestructura local de agua y saneamiento, el Presupuesto 2018, a propuesta del Ejecutivo Federal, dará 3 pesos a megaproyectos cuyas graves irregularidades han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, en su mayoría contratados con corporaciones de personajes recientemente revelados de ser beneficiados en paraísos fiscales.
El presupuesto 2018 profundizará el severo recorte, de 72%, en los montos asignados hasta 2017 a los sistemas de agua y saneamiento, violando el derecho humano al agua, ignorando este aspecto vital de la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos de septiembre e induciendo la privatización.
Al señalar graves irregularidades en el ejercicio de recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y profundas deficiencias en su capacidad para administrar aguas nacionales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó la reestructuración de organismo como condición que garantice agua de calidad para las generaciones futuras.
La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos exigen coadyuvancia ciudadana en la gestión del agua.
Aun así, los diputados federales no escucharon el jueves 9 de noviembre la propuesta ciudadana de incrementar significativamente el presupuesto asignado al agua y saneamiento, reasignar los recursos de megaproyectos a proyectos locales de infraestructura de agua y saneamiento priorizando a las poblaciones discriminadas y a las afectadas por los sismos, a la vez de transferir recursos del rubro "Gestión Sustentable de las Aguas" a instancias de planeación y contraloría ciudadana a fin de corregir las severas deficiencias en el funcionamiento de la Conagua.
Desde la propuesta del Ejecutivo, se veía que el 36% del presupuesto de la Conagua se dedicará a solo tres megaproyectos: al Túnel Emisor Oriente, 5.0 mil millones; a Obras Hidráulicas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 3.2 mil millones; y a la presa El Zapotillo 1.5 mil millones. Solo 12% se dedicaría a obras locales requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. El 7% sería canalizado a infraestructura hidroagrícola, priorizando zonas de agroexportación en el norte del país, a costa de una estrategia centrada en la autosuficiencia alimentaria a través de infraestructura de riego para agricultores familiares en el resto del país.
Como ejemplo, el 17 de octubre la ASF documentó en el informe del ejercicio 2016 que el Túnel Emisor Oriente fue asignado en 2007 sin licitación ni proyecto ejecutivo a un consorcio liderado por uno de los principales mexicanos señalados por los Paradise Papers. Fue programado a concluirse en 2012 con un costo de 9.5 mil millones de pesos. Hasta la fecha ha recibido 44 mil millones de pesos, sin garantía de concluirse en el futuro próximo.
Para la presa El Zapotillo asignaría 1,500 millones de pesos en 2018, siendo que la obra está suspendida por mandato judicial y una de las principales constructoras, Abengoa, renunció al proyecto, pero busca indemnización de 4.3 mil millones de pesos sin colocar ni un centímetro del acueducto El Zapotillo-León. Otra constructora, Fomento de Construcciones y Contratas -FCC, cuyo principal dueño es Carlos Slim-, recibió 220 millones de pesos de Conagua por suspensión de construcción en 2014. Desde entonces, el gobierno mexicano paga 19 millones de pesos mensuales de indemnización por inactividad.
En 2016, de una plantilla de 12 mil 402 empleados, la Conagua -responsable de 531 mil 357 concesiones de agua-, sólo contaba con 45 inspectores para visitas de inspección; visitaron el 0.5% de concesiones. De 330 multas, sólo cobró el 3%.
De los 191 cuerpos superficiales de agua considerados en proceso de serio deterioro, solo realizó 28 estudios de calidad.
Desde 2017 se eliminó el presupuesto para Concejos de Cuenca y organismos auxiliares, en violación del mandato constitucional y de la Ley de Aguas Nacionales de garantizar la coadyuvancia ciudadano-gubernamental.
En su análisis de capacidad de gobernanza de la Conagua, la ASF subrayó como imperativo que la autoridad en la materia realice cambios estructurales en sus procesos y procedimientos para garantizar la disponibilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras. Propone replantear la forma de administrar el agua.
En tanto, el Presupuesto Agua 2018, resulta fatídico para la población abierta; no así para corporaciones.
@kardenche
