
La inmobiliaria de Aramburuzabala presentó un nuevo amparo para pedir que se ordene citar a declarar a los testigos, entre ellos López Dóriga. (ARCHIVO)
A pesar de que una disposición judicial impedía dar “carpetazo” a la investigación en contra de Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga por intento de extorsión por 5 millones de dólares, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México archivó el expediente.
El diario Reforma publicó que la PGJ capitalina realizó dicha acción sobre la denuncia penal interpuesta en agosto de 2015 por inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, por el mencionado delito en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en Polanco.
El pasado 2 de marzo la Procuraduría propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, sin embargo esta determinación pasa por encima de la resolución judicial que impedía archivar el expediente.
Tras la interposición de un recurso de amparo el 28 de octubre de 2015 por parte de la defensa de Aramburuzabala para evitar que la Procuraduría diera por concluido el caso, el 3 de junio de 2016 el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León, determinó que la sola propuesta de archivar la denuncia era violatoria de la ley.
Reforma indica que el 15 del mismo mes, la PGJ presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal para desechar el resolutivo con el que el juez le atribuyó el desacato.
El enjuiciador determinó que hubo un desacato pero no impuso sanción o denuncia contra la dependencia, ya que la Procuraduría capitalina admitió las pruebas ofrecidas por Abilia, trámite que no derivó en el interrogatorio de los condóminos de Rubén Darío 223 -donde vive Pérez Romo- como lo solicitaba el amparo.
La PGJ ignoró los reclamos y la resolución judicial al notificar el pasado 8 de julio a las partes que había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Romo y archivó el expediente, por lo que ahora la inmobiliaria presentó un nuevo amparo para pedir que se ordene citar a declarar a los testigos, entre ellos Joaquín López Dóriga.