En México, de cada inversión productiva, cerca de 20 % se va a los bolsillos de funcionarios y empresarios deshonestos.
En estos días se discuten en el Congreso mexicano los lineamientos que habrán de dar sustento a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta legislación está muy vinculada a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015) y a la propuesta 3de3, reciente iniciativa de la sociedad. Estas diversas propuestas están encaminadas a paliar la corrupción y la ausencia de transparencia en el quehacer gubernamental.
En el índice de Transparencia Internacional de 2014, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países con una puntuación de 35/100. En América Latina nos encontramos 82 posiciones por debajo de Chile y 34 lugares por debajo de Brasil. México se ubica en la última posición (34/34) en materia de corrupción entre los países que integran la OCDE.
Más allá de las discusiones bizarras sobre si la corrupción es un mal endémico, herencia de los españoles o de los mexicas -o de ambos-, estos indicadores muestran un panorama muy preocupante. De acuerdo con la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, en un país con altos niveles de corrupción -categoría en la que se encuentra México- de cada inversión productiva, alrededor de 20 % se va a los bolsillos de funcionarios y empresarios deshonestos, según sea el arreglo. Este ambiente tiene también un fuerte impacto en el ánimo ciudadano. El SAT enaltece el deber ciudadano de pagar impuestos, pero siete de cada diez mexicanos consideran que el quehacer gubernamental en México pasa por el tamiz generalizado de la corrupción. Una de las respuestas ciudadanas a esta situación es la economía informal.
Este tema nos lleva a otro indicador clave, el índice de confianza. De acuerdo con el informe del Latinobarómetro (2015), ocho de cada diez mexicanos tienen poca o ninguna confianza en los políticos, los partidos políticos y los integrantes de los órganos legislativos. A la desconfianza institucional se suma la desconfianza interpersonal, una de las más altas del mundo.
La corrupción tiene en México jugosos dividendos. Para los políticos, representa acrecentar, en algunos casos sin medida, su patrimonio personal. Pero más importante, la corrupción genera abundantes recursos para la siguiente campaña. Para los empresarios, una sustanciosa utilidad marginal y garantías para mantenerse en el juego, apoyando a políticos que el día de mañana manejarán las licitaciones de compras y obra pública. Para el ciudadano común, hacerse la vida más ligera, transitar por la farragosa senda del trámite burocrático y, para muchos, asegurar simplemente la sobrevivencia, el ejercicio de un empleo o hasta la libertad, frente a un sistema de justicia pletórico de irregularidades.
En la antigua Roma, la peor acusación que podía recibir un servidor de la República o un simple ciudadano, era la de incurrir en conductas vergonzosas, definidas éstas como algo moralmente inaceptable, por representar acciones o actitudes contrarias a la ética pública y privada. Y esto iba más allá de la legalidad de la acciones. El peso moral de estas acusaciones era incluso mayor que el peso de la ley. Algo similar sucedía en la antigua Grecia.
En las buenas noticias está el activismo creciente de individuos y grupos de la sociedad mexicana en estos temas. Y no me refiero a manifestaciones, plantones o bloqueos para recibir atención política, sino al trabajo sistemático y profesional que deriva en la generación de diagnósticos y de propuestas específicas. Actores que son capaces de interpelar sin confrontar y de generar un peso moral cada vez mayor en los procesos legislativos y de gobierno. Mucho nos falta por hacer para sacar las conductas vergonzosas de funcionarios y ciudadanos de nuestra marca país.
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(Director de Grupo Coppan SC)
