Desde septiembre de 2012 a la fecha, el Senado tiene registrado un total de mil 796 ausencias de legisladores en las sesiones del pleno.
De ese total de inasistencias, la Mesa Directiva ha justificado 857 faltas de senadores, quienes tienen a mano mecanismos para evitar el descuento de la dieta, en castigo por no presentarse a trabajar.
Gracias a las "salidas" que les otorga el Reglamento, los senadores tienen contabilizadas, como tales, sólo 63 faltas, en las 192 sesiones que se han llevado a cabo desde que arrancó la 62 Legislatura.
La justificación de las ausencias es una práctica común.
En la lista de los 15 legisladores que más han recurrido a este mecanismo se encuentran seis priistas, cuatro panistas, tres perredistas, un senador del PT y una de Nueva Alianza.
Con un total de 68 inasistencias justificadas aparece el priista Joel Ayala, dirigente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado.
En la Cámara alta, buena parte de los legisladores se ha enfrentado a problemas de salud, como es el caso del perredista Manuel Camacho Solís, con 55 faltas justificadas; las panistas Martha Elena García y Maki Ortiz, con 47 y 40 inasistencias --respectivamente--, así como la priista Itzel Ríos, con 18 faltas, también justificadas.
Otros legisladores que han librado los descuentos son Mónica Arriola, del Panal, con 40 inasistencias justificadas; el priista Braulio Fernández, con 21, y el panista Salvador Vega Casillas, con 18.
Los priistas Héctor Yunes Landa e Isaías González --líder de la CROC--, tienen un registro de 17 faltas justificadas, al igual que el petista Marco Antonio Blázquez, seguido por el panista Luis Fernando Salazar, con 16, el perredista Sofío Ramírez, con 15, y Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex, con 14 inasistencias justificadas.
Por otro lado, según los reportes de asistencia, en 876 casos, la ausencia de los senadores ha obedecido a que se encuentran comisionados, ya sea en viajes al extranjero, en labores de la propia Cámara alta o en representación del Senado en actos oficiales.
El listado coincide, en su mayoría, con los senadores que forman parte de las comisiones de Relaciones Exteriores para las distintas regiones del mundo.
Sin embargo, hay algunas excepciones, como el caso del senador del PRD por Guerrero, Sofío Ramírez, quien no pertenece a ninguno de esos órganos legislativos.
Entre las legisladoras que no han acudido a las sesiones por participar en una comisión se encuentran algunas que han participado en la Mesa Directiva, como la panista Adriana Díaz, la perredista Iris Vianey y la petista Martha Palafox.
NEGOCIAN SEGURIDAD
El Senado negocia con el Gobierno federal el rediseño de la iniciativa presidencial en materia de seguridad pública, además de modificaciones a la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República.
En el primer caso, la bancada del PAN elaboró una contrapropuesta para explorar la posibilidad de que se pueda aprobar la reforma constitucional en materia de Mando Único policiaco.
La intención es evitar, de tajo, la desaparición de todas las policías municipales y dejar la decisión en manos de una instancia nacional que analice cada uno de los casos.
La propuesta contempla que los ayuntamientos puedan elegir entre los Gobiernos estatales y el federal para solicitar que tome el mando de la policía municipal.
En cualquier caso, la redistribución de responsabilidades también tendría un impacto directo en la redistribución de las participaciones económicas que son ministradas a las entidades federativas.
Por otro lado, en el caso de la nueva Fiscalía General de la República, el Gobierno comunicó al Senado su intención de realizar ajustes al proyecto, inicialmente diseñado durante la gestión de Jesús Murillo Karam, al frente de la PGR.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, informó sobre el tema a los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras desde el encuentro que sostuvieron el pasado lunes para analizar la agenda legislativa.
Explicó que, con la llegada de la exsenadora priista Arely Gómez a la PGR, se inició la revisión de la minuta que contiene la Ley Orgánica de la nueva PGR, enviada por la Cámara de Diputados al Senado.
