Violencia social, marginación, drogadicción, violencia doméstica, hostigamiento escolar y ausencia de una expectativa de futuro. Estos son problemas que enfrentan los niños y adolescentes de nuestro país, problemas que en los últimos años se han agravado. El rostro más duro y visible de esta realidad es el incremento de la estadística de menores de edad que se han sumado a las filas de grupos criminales. Menores que se han convertido en asesinos. Menores que han sido asesinados.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de homicidios de varones con menos de 18 años pasó de 9.9 a 26.5 por cada 100 mil entre 2004 y 2013. En una década fueron asesinados 10,876 niños y adolescentes de ambos sexos. Visto de otra forma, en promedio cada día la violencia arrebata tres vidas que no han alcanzado la madurez. De ese tamaño es la tragedia.
El sonado caso de "El Ponchis", conocido también como el "niño sicario", es estremecedor. A sus escasos 14 años de edad ya contaba con una carrera criminal. En 2013 fue detenido acusado de haber asesinado a por lo menos cuatro personas, luego de torturarlas. Su ingreso a las filas de la delincuencia se dio cuando apenas tenía 11 años. Al revisar su historia, no es difícil averiguar qué fue lo que pasó. Alejado de su familia y de la escuela, sin alguna institución pública que le brindara soporte, "El Ponchis" fue "adoptado" por un cártel. Una vez más: todo vacío social es llenado de alguna u otra manera.
En los últimos meses se ha hablado con insistencia en Torreón sobre un fenómeno que preocupa a las autoridades y que debería preocuparnos a todos. En los primeros 14 meses de administración, alrededor de 1,700 menores infractores han sido remitidos al Tribunal de Justicia Municipal. Es decir, un promedio de cuatro al día. La mayoría de ellos llegan con problemas de adicciones, abandono, maltrato o abuso. Una tercera parte de esos adolescentes no fueron reclamados por nadie. Pasaron 36 horas de arresto sin que sus padres o algún cercano a la familia acudiera a hacerse responsable de ellos. Estamos hablando de una generación olvidada.
Encontrar una explicación a este fenómeno puede suscitar horas de discusión. Las posturas suelen ser encontradas. Mientras hay quienes apuntan a que la principal responsabilidad está en la familia, hay otros que consideran que la tarea central está en la escuela y, en general, las instituciones públicas. Al respecto, la semana pasada el subdirector de Servicios Educativos en La Laguna, Demetrio Zúñiga, declaró que "los menores infractores no nacen en las aulas". Más aún, dijo que "si nosotros tuviéramos la responsabilidad de la actuación de todos los que pasan por un aula, no habría delincuencia". Lo que llama la atención de esta suposición no es sólo que resulta imposible de probar, sino que supone que un mayor control de la escuela sobre la vida de los alumnos puede inhibir conductas antisociales o delictivas.
Pero la realidad contradice los dichos. Si bien es cierto que en hogares disfuncionales y en colonias que padecen violencia los niños y adolescentes están expuestos a los problemas arriba citados, también en la escuela existen estos riesgos. La venta y consumo de droga o el llamado "bullying" son fenómenos presentes en los planteles educativos y en sus alrededores. Pero más allá de esto, no podemos dejar de lado un aspecto fundamental: en el desarrollo de los menores de edad son diversas las figuras e instituciones que juegan un papel importante. Hogar, espacio público, escuela, autoridad formal, medios de comunicación. Me atrevo a decir que cada uno de ellos tiene una responsabilidad en la formación y cuidado de los niños y adolescentes. Lo ideal es que esa responsabilidad fuera conscientemente compartida y armónica.
Quienes se enfocan sólo en la familia como ente único formador de los menores, dejan de lado un hecho fundamental: no todas las familias en México cuentan con las herramientas éticas y materiales suficientes para brindar el soporte necesario de sus hijos. Por el contrario, algunas de ellas se convierten en reproductoras de valores antisociales o en caja de resonancia de actitudes violentas. Es aquí donde el Estado debe asumir un rol protagónico.
Entre los esfuerzos que recientemente se han impulsado para enfrentar el problema multifactorial que aqueja a la niñez y juventud temprana están la Ley General de los Derechos de los Niños, la creación de consejos de garantía de dichos derechos, estrategias como el operativo mochila y protocolos de acción ante los casos de bullying. Sin embargo, mientras no exista vinculación y comunicación eficiente entre todos los elementos que influyen en la formación de los menores de edad, las acciones rendirán escasos frutos.
No se trata sólo de un asunto de buena voluntad o de valores morales, sino de políticas públicas que aglutinen los esfuerzos de todos los involucrados en el proceso formativo. Esas políticas públicas deben tener como objetivo el de formar ciudadanos y ofrecerles una oportunidad de futuro. Aplicarlas corresponde a la autoridad; mantenerlas, a la sociedad en su conjunto.
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