Uno de los temores más extendidos sobre la Reforma Energética es que va a dar lugar a mucha corrupción y a abusos de parte de las empresas petroleras que van a empezar a operar en nuestro territorio.
Y el temor parece más que fundado. Basta con ver lo ocurrido en días pasados en Sonora. Una empresa minera, parte de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico (16 albercas olímpicas) que terminaron contaminando los ríos Bacanuchi y Sonora en un recorrido de 200 kilómetros hasta la presa Molinito, cerca de Hermosillo. Un error en el diseño de la represa donde se almacenaban los ácidos utilizados para la extracción de cobre fue la causa según el director de Protección Civil del estado. Pero la empresa no sólo no manejó de manera adecuada estos químicos sino que tardó un día en dar aviso a las autoridades y cuando sacó un boletín para explicar lo ocurrido le atribuyó el derrame a lluvias atípicas que habrían caído en esos días en la región. Sin embrago, funcionarios de Conagua lo desmintieron de inmediato, la información del Servicio Meteorológico Nacional indicaba que no se tenía ningún registro de lluvias significativas en la zona, mucho menos atípicas, en los días anteriores al derrame.
Las consecuencias para la región son muy importantes. Desde el 7 de agosto, día posterior al derrame, la gente en los municipios de Banámichi, Fan Felipe, Arizpe, Aconchi, Baviácora, Huépac y Ures sufre para encontrar agua potable. Ayer, a 12 días de lo ocurrido, los niños de 88 escuelas de los 7 municipios más afectados no regresaron a clases, como el resto del país, porque no se les puede garantizar agua potable. Las autoridades todavía no han logrado hacerle llegar agua a la totalidad de la población afectada, y los agricultores y ganaderos de la zona también sufren pérdidas.
Esto es un primer y apresurado balance. Falta por determinar cuál es el daño ambiental causado en la región, en el corto, mediano y largo plazo. Por eso, sorprende e indigna que las autoridades hablen de aplicarle a la empresa multas irrisorias. El director general del Organismo Cuenca noreste de Conagua, César Lagarda mencionó multas por un millón 380 mil pesos. Y los de Profepa dicen que buscaran aplicar las sanciones más altas. En total no se pasaría de una cifra cercana a los 40 millones de pesos. Esto para una empresa que es parte del Grupo México y que tuvo el año pasado ventas consolidadas por 9 mil 300 millones de dólares con beneficios netos de mil 700 millones de dólares.
Es de imaginar que estas multas no los asusten ni los inciten a invertir más dinero para evitar estos catastróficos accidentes.
Este es sólo un caso, pero en el país son muchas las quejas por contaminación de las empresas mineras. Por ejemplo, en el municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, la Profepa clausuró en 2009 la mina de barita la Pera por no cumplir con las normas ambientales y en enero de este año, activistas ambientales denunciaron que había reiniciado actividades de manera ilegal.
No hay evidencia de que el Estado mexicano haya sido implacable y firme con las empresas que obtuvieron concesiones para explorar y explotar yacimientos en gran parte de la república mexicana, todo lo contrario.
Entonces, ¿por qué sí podrá ser (implacable y firme) con las empresas petroleras que empezarán dentro de poco a operar en el país? La duda está más que justificada.
Más allá de si es buena o mala, necesaria o no, la Reforma Energética abre un nuevo frente donde el Estado mexicano deberá demostrar su capacidad para hacer cumplir las leyes a jugadores muy poderosos.
Para hacernos una idea de si será capaz no hay más que ver cómo enfrenta el caso de Minera México en Sonora. Y entonces, sabremos a qué atenernos.
