El fracaso del Fraccionamiento Los Azulejos de Torreón, es un reflejo de los males que aquejan a nuestra comunidad a saber: La falta de participación cívica, la apatía de los ciudadanos en la defensa de sus propios intereses y por lo que toca a las autoridades de Estado y Municipio, son responsables de la violación al estado de derecho y de la inseguridad jurídica resultante, de la corrupción y de la impunidad.
En el año dos mil inició el ambicioso proyecto en torno de un campo de golf de clase mundial, ubicado en terrenos que fueron del Ejido La Concha. Un buen número de inversionistas locales respondió con entusiasmo al promotor, comprando a precio en dólares lotes de terreno habitacionales y comerciales en paquete, según las posibilidades de cada cual. Además del flujo en efectivo, diversos comerciantes, constructores y contratistas concurrieron como proveedores de bienes y servicios, dispuestos a recibir en pago terrenos del Fraccionamiento, por lo que el proyecto contó con suficientes recursos para la urbanización completa del predio con sus instalaciones sociales y deportivas de uso común.
En el año dos mil tres, dos de los inversionistas se percataron de irregularidades que ponían en riesgo la viabilidad del proyecto y por separado, iniciaron cada cual demandas mercantiles. Uno de ellos denunció los hechos ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila por el delito equiparado al fraude, que comete el funcionario público que autorice y el empresario que opere fraccionamientos que no reúnen los requisitos de ley, previsto en el artículo 426 fracción VI del Código Penal del Estado.
El señalamiento es grave: La inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los terrenos base del fraccionamiento el 22 de marzo de 2001 y la licencia de fraccionamiento respectiva, implican una falsificación que en su día afectaba a la mitad de los terrenos involucrados y era evidente la nula o deficiente urbanización, en una tercera parte de la superficie vendible. En forma paralela a la investigación del Ministerio Público, surgieron escándalos derivados de la disposición ilícita de agua y energía eléctrica por parte del fraccionador, así como el incumplimiento sistemático al pago de obligaciones fiscales.
La denuncia ofreció la oportunidad para que las autoridades obligaran al fraccionador a terminar las obras de urbanización y a corregir las irregularidades sin embargo, bajo el gobierno de Humberto Moreira, siendo titular de la Fiscalía de Justicia Jesús Torres Charles, los tribunales de Coahuila determinaron que no existía delito que perseguir. Pese a lo anterior el Gobierno actual puede reabrir el caso y restaurar la legalidad, por tratarse de un delito que de acuerdo al artículo 54 del Código Penal de Coahuila es de carácter permanente, en virtud de que su consumación se realiza en un período de tiempo que a la fecha continúa y las irregularidades siguen presentes y están a la vista.
Para el año dos mil seis los colonos ya tenían que llenar las cisternas de sus residencias con pipas de agua y soportar la falta de mantenimiento de la infraestructura así como la deficiencia de los servicios públicos. En su día los dos reclamantes iniciales acudieron a los medios de comunicación y buscaron el apoyo de los demás inversionistas así como de los colonos del fraccionamiento, sin embargo, predicaron en el desierto. El resto de los inversores y los colonos afectados esperaron a que "alguien más" resolviera el problema, o que el problema se resolviera solo.
A fines del año dos mil diez un empresario ajeno a la historia previa de Los Azulejos, tuvo el arrojo de concurrir al rescate del proyecto mediante la adquisición del Campo de Golf y la Casa Club sin embargo, la problemática que deriva la falta de urbanización de una parte substancial de la superficie del fraccionamiento en su límite con la antigua carretera a San Pedro, y los rezagos imputables al fraccionador original han hecho fracasar el intento. Los Azulejos es un caserío escaso y disperso en la inmensidad del abandono y hace unos días se anunció el cierre del Campo de Golf.
La rehabilitación del Fraccionamiento Los Azulejos, la restauración de la legalidad vulnerada y el castigo a los responsables que corre a cargo de los propios afectados y de las autoridades Estatales y Municipales, es indispensable no sólo para reparar los daños causados, sino para recuperar la confianza del público, así como la afluencia de inversiones a nuestra ciudad y región.
