Casi desde el inicio del gobierno de Arturo Núñez, en Tabasco empezaron a surgir las muestras de los excesos de su antecesor; el mismo Núñez interpuso sendas denuncias en la Procuraduría de Justicia de Tabasco y en la Procuraduría General de la República y reiteradamente declaraba ante los medios de información sobre el tema, sin embargo, lo que detonó el escándalo fue la grabación de Andrés Granier, donde presumía sus propiedades en México y Estados Unidos y su inmenso guardarropa y, posteriormente, los 88.5 millones de pesos en efectivo incautados por el ministerio público estatal.
Desde luego con las variaciones y particularidades de cada caso, pero es el mismo guión de los repetidos escándalos mediáticos sobre el estado de las finanzas estatales de Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Zacatecas, entre los más recientes. Y en el mejor de los casos únicamente se han fincado responsabilidades penales en contra de funcionarios menores o de los mismos secretarios, pero nunca de los ex gobernadores.
En este caso todo indica que ya dirigieron la mira en contra del ex secretario de finanzas de la en entidad, José Manuel Saiz Pineda y su secretaria (en los negocios particulares) Marlees Cúpil López. Hasta hoy no hay acusaciones concretas contra Granier y lo único que lo involucra directamente es su fanfarroneada; aunque ya empezaron a surgir las denuncias (todavía no formalizadas ante las autoridades) en contra de uno de sus hijos.
Mientras tanto Saiz Pineda y Cúpil López ya iniciaron su defensa ante los medios: la misma procuraduría sembró las cajas con billetes y, para darle soporte a sus investigaciones, antes torturó a Cúpil López.
No será la primera vez que casos judiciales soportados en la incautación de dinero en efectivo y las declaraciones de testigos o involucrados en los actos delictivos se vienen abajo en los tribunales. Todavía se recuerda la incautación de 25 millones de pesos en efectivo del Gobierno de Veracruz en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, que no tuvo ninguna consecuencia legal para ninguno de los presuntos involucrados.
En el caso de las declaraciones son innumerables los casos que finalmente perdió la PGR, entre los que desde luego destacan los emprendidos durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, contra generales y ex funcionarios del área de seguridad y procuración de justicia por presuntas complicidades con el crimen organizado.
La gran tragedia de la justicia mexicana es la impunidad. Antes porque los casos de corrupción o excesivo endeudamiento de las finanzas públicas ni siquiera se conocían públicamente; ahora, porque se conocen (por las denuncia o filtraciones de los gobernantes o particulares afectados), en muchos de los casos las evidencias que se divulgan en los medios son tan contundentes que no dejan lugar a dudas del saqueo de las arcas públicas, pero finalmente los presuntos responsables son exonerados o, en el mejor de los casos, se identifican funcionarios menores que se convierten en los chivos expiatorios y, por lo mismo, el desenlace es exactamente el mismo: la impunidad, de los verdaderos culpables.
El cambio no es menor, pero lamentablemente es para mal, pues provoca desánimo y desencanto ciudadano. Los escándalos mediáticos sin consecuencias legales para los responsables políticos y directos de los saqueos de las arcas municipales provocan la pérdida de confianza en las instituciones y, por lo tanto, impactan negativamente en la construcción de una ciudadanía democrática. Pues la lectura para el ciudadano es que no tiene sentido denunciar, porque finalmente no pasa nada.
Por supuesto, que es importante que los medios masivos de comunicación continúen con su labor de investigación y difusión de todos los abusos, desvíos, corrupción, atropellos y demás que detecten o les denuncien. Es importante dejar claro que el problema no es por la difusión, sino porque no hay consecuencias y es importante analizar las razones y las posibles opciones de solución.
Lo que hoy vivimos es la consecuencia de avanzar en la transparencia (aunque no se puede decir que las normas y la operación son perfectas, hay avances indiscutibles en esta materia) sin hacerlo en la rendición de cuentas (donde ni siquiera se entiende bien el concepto, pues para muchos gobernantes esto se limita simplemente a informar). La rendición de cuentas necesariamente incluye 3 aspectos: información, justificación y consecuencias, en México algo hemos avanzado en el primero, pero en los otros 2, nada.
Las consecuencias implican el premio o el castigo por el ejercicio de gobierno, lo cual desde luego incluye las consecuencias jurídicas (inhabilitaciones, multas, cárcel, etc.) cuando se cometen irregularidades administrativas y/o delitos penales, aunque también debe incluir las sanciones políticas (remoción, revocación de mandato, etc.) cuando sin llegar a esos extremos se muestra incompetencia y/o descuido. Obvio, también debe haber premios: gratificaciones (debidamente normadas), reelecciones, etc., cuando los méritos sean suficientes, es decir, haya un ejercicio sobresaliente del poder.
La impunidad es el gran mal de la justicia y es lamentable y perjudicial en todos los casos, pero en el de los gobernantes es letal para la democracia, porque la rendición de cuentas es una de las dimensiones indispensables y cruciales de la misma y en México no se ha podido avanzar en este sentido. Los casos que así lo evidencian son innumerables y abarcan todos los ámbitos del ejercicio de gobierno; abarcan desde las violaciones a los derechos humanos, los abusos de autoridad, los desfalcos de las arcas públicas, etc. hasta el tráfico de influencias, el trato privilegiado, etc.
Y todo indica que el caso de Granier no será la excepción, sino la confirmación de la regla: él no recibirá castigo alguno.
