'Granadazo' exhibió fragilidad en Michoacán

Los "granadazos" de Morelia, ocurridos el 15 de septiembre de 2008, marcaron a la entidad; a partir de entonces, la violencia que ha afectado desde la economía, el empleo y el turismo hasta la vida cotidiana de sus habitantes.

Para académicos y expertos en el fenómeno del crimen organizado, "el fin de la violencia no parece estar cerca, pese a las decenas de operativos de seguridad en las regiones de conflicto, el despliegue militares y de fuerzas federales que intentan convencer de que 'aquí no pasa nada'", asegura el sociólogo Falko Ernst, investigador predoctoral y profesor auxiliar en el Centro de Criminología de la Universidad de Essex, Inglaterra, quien accedió a una entrevista, vía Skype.

"En Michoacán se da una existencia de convergencia pragmática de intereses de quienes se dicen 'actores del estado' (autoridades) y los que llevan la etiqueta de delincuencia organizada; hay una distinción superficial que en la "realpolitik" cotidiana, tiene poca relevancia.

"En ambos lados -y esto es clave para entender el fracaso de las incursiones militares del gobierno federal en Michoacán- tienen en común una fundamental resistencia a que se dé una nueva o mayor fragmentación territorial, aunque sea por motivos diferentes".

Ese 15 de septiembre, "el crimen organizado mostró su rostro verdadero y desenvainó su espada para recordarnos lo frágil que somos y los expuestos que estamos", explica el historiador y académico Ramón Sánchez Reyna, de la Universidad Michoacana, quien asegura que la época que se vive en el país y el estado es inédita.

Defensores de los derechos humanos, a su vez, ven en la entidad y sus habitantes una condición de vulnerabilidad cada vez más acentuada, sobre todo, en la población más desprotegida, como son niños, mujeres, pobres, periodistas y la clase media.

"En síntesis, todos estamos en medio y en riesgo, para velar, vigilar y denunciar cualquier arbitrariedad que se comete a diario y a granel contra la población", indica uno de los visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la región de Apatzingán.

 NO CEDE LA VIOLENCIA Las cifras de violencia de 2008 a la fecha hablan por sí solas: el secuestro en Michoacán se disparó hasta 70 por ciento en 2011, lo mismo que la tasa de homicidios (dolosos y culposos), que se duplicó en ese mismo período, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Sólo en 2008 se reportaron 88 secuestros y un año después se elevó a 210. En contraparte y sorpresivamente, a la fecha las denuncias por secuestro han disminuido drásticamente -según las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado- y no alcanza en la entidad hoy ni los 40 casos por año, desde 2011.

Este fenómeno a la baja puede tener su explicación en lo dicho por el alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, una de las ciudades económicamente más activa de Michoacán junto con Zamora y Lázaro Cárdenas, quien reconoció públicamente en mayo de este año, que "no tenemos índices de secuestro porque la gente no denuncia por miedo".

En el rubro de las ejecuciones, en su definición jurídica que da la Procuraduría General de la República (PGR), "como muertes surgidas en eventos que van desde balaceras hasta cadáveres encontrados en narcofosas, enfrentamientos y ejecuciones masivas" se incrementaron significativamente al pasar de 238, en 2007, a 815, reportadas por el Inegi en 2011.

En 2013, de enero a julio, se reflejan 560 muertes "por ejecuciones", según el desglose del Primer Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los granadazos, calificados como atentado terrorista en su momento, junto al llamado michoacanazo, en diciembre de 2006, marcaron al gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel y han sido un parteaguas también para todos los ciudadanos.

Después de ese año, se suspendieron los juegos pirotécnicos las ceremonias de el Grito de los 113 municipios. Los desfiles del 16 de septiembre se modificaron.

En 2010, 2011 y 2012 hubo municipios, como Buenvista, y Apatzingán, donde los festejos se suspendieron ante el clima de violencia.

La inseguridad ha golpeado al estado en el turismo; la secretaría del ramo ha caído en más de 60 por ciento, en tanto que el desempleo mantiene sin trabajo a casi a un millón y medio de personas, de los cuatro millones que conforman la entidad.

Los jóvenes y las mujeres, dice el reporte de la Secretaría del Trabajo de Michoacán del segundo trimestre del año, son los más afectados.

Desde 2008 a la fecha también los "toques de queda" dictados desde las presidencias municipales como Tepalcatepec, Buenavista y Chinicuila han sido frecuentes, aunado al surgimiento de grupos de guardias comunitarias o policías ciudadanas, que a la fecha suman 11, aunque el gobierno del estado reconoce sólo tres.

En este año las guardias comunitarias han expulsado de los ayuntamientos a tres alcaldes (Tepalcatepec, Buenavista y Aquila), acusándolos de estar coludidos con grupos delictivos para perpetrar secuestros, extorsiones y asesinatos contra el pueblo.

 PEREGRINAR DE VÍCTIMAS A cinco años de distancia, las víctimas del "granadazo" del 15 de septiembre en Morelia (que dejó ocho muertos y 132 heridos) no han podido encontrar la paz, igual que el resto de los michoacanos.

De ese tiempo a la fecha, los sobrevivientes de ese trágico evento no han dejado de peregrinar de oficina en oficina gubernamental en busca de asistencia social y apoyo gubernamental prometida, de por vida en algunos caso y temporal en otros, por el entonces gobernador Leonel Godoy.

En la actualidad, el gobierno del estado mantienen 18 pensiones mensuales temporales y cuatro vitalicias, que van desde los 7 mil hasta los 13 mil 440 pesos a las víctimas, de acuerdo con el decreto administrativo firmado en 2009 por el Congreso del estado.

Dos años después y a través del apoyo del Fondo al Fomento Social Banamex, se tramitaron algunos apoyos económicos, equipos de cómputo, becas y otros beneficios escolares, que comenzaron a otorgarse hasta septiembre de 2012.

De los 132 heridos que dejó el atentado, sólo una familia recibe apoyo federal a través de Pro Víctima y otros temen que con los cambios de administraciones gubernamentales y mandos en las dependencias, un día y, sin aviso, dejen de percibir el ingreso que les ha ayudado a sobrevivir.