La Suprema Corte de México resolvió hoy que la justicia civil se encargue de un proceso penal en contra de la sargento segundo auxiliar educadora Silvia Hernández Tamariz acusada de corrupción de menores y abuso sexual.
Este caso fue analizado en el pleno de máximo tribunal luego de que la propia militar interpusiera un recurso de amparo ante instancias civiles contra dos autos de formal prisión que le dictó un juez militar y obtener su libertad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo por mayoría para evitar ser juzgada por la justicia militar, aunque determinó que los delitos de corrupción de menores y abuso sexual son graves, por lo que la decisión quedará en manos de un juez federal.
Hernández Tamariz, quien estuvo a cargo de un Centro de Desarrollo Infantil en el Distrito Federal, fue acusada en diciembre de 2010 por una mayor del Ejército, cuyos hijos fueron supuestamente víctimas de abuso sexual al interior de las instalaciones del jardín de niños.
Ante esta situación, la militar, detenida en enero de 2011 por una orden castrense, promovió un amparo por la vía civil en contra de la Procuraduría (Fiscalía) General de Justicia Militar que la procesó en violación a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Argumentó además que este proceso viola la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla, que dispone acotar el fuero militar en casos de supuestas violaciones a derechos humanos de civiles.
Los magistrados mexicanos coincidieron que en manos de la justicia militar no se garantizaría que los derechos humanos de civiles o sus familiares "tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario".
En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado Mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla en 1974 a manos de militares, luego que ese proceso judicial quedó a cargo de los tribunales castrenses en lugar de la justicia civil.
En julio de 2011, la SCJN restringió el fuero militar en México, atendiendo al fallo de la CorteIDH. No obstante, la resolución quedó como recomendación y no en obligación.
Actualmente, la Suprema Corte analiza 28 amparos, relacionados con las resoluciones de cortes militares, de los cuales si se aprueban al menos tres en el mismo sentido, se convertirán en preceptos jurídicos obligatorios.
El caso de la sargento es el primer amparo promovido por un castrense ante la SCJN.
Además de éste, la Corte resolvió dos casos que restringen el fuero militar.
