Hace algunos días, en la Villa Gregorio García, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango hizo entrega al municipio de Gómez Palacio del inmueble en el que operó la planta mezcladora de insecticidas de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), que durante una década, de 1981 a 1991, constituyó una de las principales proveedoras de productos químicos para el control de plagas en la agricultura ejidal, particularmente en el cultivo del algodonero.
Esas instalaciones constituyeron uno de los saldos del último ciclo productivo de dicho cultivo en La Laguna, mismo que también fue determinante en el desarrollo regional durante más de un siglo puesto que el auge económico local inició y estuvo asociado a él; sin embargo, la permanencia de este confnamiento irregular era considerada como un pasivo ambiental heredado de la revolución verde, período aún no superado en el que se concibe la agricultura con un enfoque productivista que si bien ha obtenido resultados importantes en la multiplicación de los rendimientos de los cultivos también deja una severa huella ecológica en el espacio rural de la región.
Con este evento se pone fin al riesgo que representó para la salud de la población aledaña al sitio donde se ubicó esa planta, ya que después de cerrar sus operaciones comerciales a la par del colapso algodonero regional se mantuvo indebidamente dos décadas albergando residuos tóxicos peligrosos que requirieron ser trasladados a confinamientos propios para este fin en Mina, Nuevo León, y Ramos Arizpe, Coahuila.
Para esto, fue necesario realizar un proceso de remediación en la veintena de bodegas donde se almacenaban esos residuos, hecho de por sí sobresaliente puesto que no basta con que las empresas, sobre todo aquellas que realizan procesos industriales basados en procesos y productos tóxicos, cierren sus operaciones y dejen, como aquí sucedió, sus residuos almacenados, los cuales tienen un impacto por la contaminación que provocan tanto en el lugar donde se ubican como en el entorno que les rodea.
En esta planta se manejaron grandes volúmenes de insecticidas organoclorados y organofosforados que al aplicarse en sus diversas presentaciones en los cultivos tuvieron un impacto serio en el ambiente por sus efectos contaminantes en el suelo y aire, como también en la población rural, sobre todo la residente en los poblados colindantes con las áreas sembradas y cuyos daños nunca fueron debidamente cuantificados, pero que hacían suponer que residir en el espacio rural lagunero resultaba tan riesgoso para la salud humana como en las ciudades contaminadas con las emisiones de gases producidas por empresas, automóviles y otros residuos que la misma población generaba.
De hecho, el uso intensivo e indiscriminado de agroquímicos ha sido una de las causas por las cuales La Laguna constituya una de las regiones más contaminadas del planeta, rasgo sobresaliente nada decoroso para quienes vivimos aquí, por ello la recuperación de este sitio mediante acciones de remediación debe contextualizarse no sólo por la eliminación del riesgo o daño que ya provocaba, sino porque acciones como éstas son prioritarias en la política ambiental.
Este sitio remediado se ubica en un corredor que de acuerdo al plan de ordenamiento ecológico territorial del municipio de Gómez Palacio, presenta una vocación orientada a sostener y mejorar sus actividades agrícolas y agroindustriales, de ahí que se vea como pertinente el proyecto del gobierno local de pretender crear un centro de abastos que no sólo desconcentre la actividad comercial de la actual zona conurbada al promover el acopio y comercialización de alimentos y otras mercancías, sino que podría detonar actividades productivas entre los agricultores que diversifiquen el patrón de cultivos vigente, hoy tan dependiente de la siembra de forrajes.
De esa manera, finalmente la recuperación del sitio en que operaba la ARIC elimina un pasivo ambiental que ya representaba un serio riesgo al ambiente y la población, y de lograrse el propósito de crear un centro de abastos, se reactivará la economía local. Con ello vemos que también hay acciones, como en este caso, implementadas desde las oficinas de medio ambiente de los tres niveles de gobierno que deben reconocerse en un entorno antropizado en el que debemos remar contra la corriente para lograr una mejor calidad de vida.
