La medida del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, "Malova", de prohibir la difusión de narcocorridos y la presentación de artistas de este corte musical en bares, cantinas, centros nocturnos y salones de fiesta provocó reacciones encontradas en la Iniciativa Privada, las organizaciones no gubernamentales, académicos y funcionarios públicos.
Mientras que algunos funcionarios y empresarios apoyaron la prohibición, activistas, académicos y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) reprobaron la medida al considerarla "fascista" y un atentado a la libertad de expresión.
Ayer, "Malova" anunció que la semana pasada envió el decreto que reforma las disposiciones de inspección en los establecimientos donde se producen, envasa, distribuye, vende y consume alcohol de la Ley de Alcoholes. Esta modificación permite cerrar los centros cuando se detecte que se difunde o tocan grupos musicales de este tipo.
Justificó la medida al asegurar que es para evitar que "surjan ídolos de oropel, así como 'La Barbie' (narcotraficante del cártel de los Beltrán Leyva), que ahora es una moda", y se haga apología del delito mediante la música.
"Yo no conozco a nadie que andando borracho no sea valiente, rico y enamorado, y si andas armado a esas horas de la noche...", mencionó el gobernador. Dijo que muchos actos violentos escenificados se relacionan al "movimiento alterado", una moda en la que los cantantes se refieren a la delincuencia.
Al respecto, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, respaldó la decisión. En su cuenta en Twitter escribió: "Narco-orridos son apología del delito y promueven salidas falsas. Hay que enfrentarlos con cultura de la legalidad. Bien por @malova2010".
Sobre la prohibición de la difusión de narcocorridos coincidió a favor el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos -organización que agremia comercios con el giro de bares y centros nocturnos-, Miguel Hernández, quien dijo que la decisión es "muy adecuada... este tipo de cultura musical no beneficia a la juventud, sino por el contrario, puede causar conductas nocivas".
El funcionario aseguró que la medida puede beneficiar al sector, ya que "la gente se sentirá más segura si asiste a centros de diversión donde no haya música que haga apología de gente que menciona en los corridos".
El presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, coincidió en que esta música es un "riesgo para la seguridad" y aseguró que en el puerto no se darán permisos a espectáculos de esa índole.
Como un ejemplo de que esta música incita a la violencia, citó lo sucedido el pasado 7 de marzo en la discoteca Antares, donde fueron asesinadas seis personas, entre ellas Alberto Lizárraga, músico y fundador de la Banda El Recodo, además hubo 21 heridos.
'ATENTADO A LA LIBERTAD' Leonel Aguirre Meza, presidente de la organización independiente Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, calificó la medida como "atentado a las libertades de escuchar, crear y divulgar música, cuyo origen está asociado a una añeja cultura de los sinaloenses".
Opinó que los gustos de los ciudadanos no pueden estar sujetos a mandamientos de autoridades, menos los corridos, ya que forman parte del folclor mexicano porque reseñan hechos históricos y vidas de bandidos famosos.
En la misma tónica se manifestó Felipe Gil, vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, quien dijo que lo que pasa en Sinaloa alude a "un estado de fascismo".
Explicó que los artistas son sólo exponentes de lo que sucede en su tiempo y que arremeter contra los temas musicales es una muestra de que se coarta la libertad de expresión.
