El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace algunos días en su gira por Baja California que su Gobierno expedirá un decreto para poder legalizar los carros conocidos como "chocolates", que no son otros que los importados desde los Estados Unidos a México de manera ilegal.
La ley de comercio en términos generales solía imponer aranceles específicos para aquellos que desearan importar autos usados norteamericanos a territorio nacional.
Desde hace ya un par de décadas al menos, particularmente desde que el comercio exterior se intensificó amén del Tratado de Libre Comercio signado con Canadá y los Estados Unidos, se abrió la oportunidad de que autos y camionetas usadas circularan en México; primero podrían, claro, internarse por 6 meses, como lo indicaba la norma. Cualquier auto con placas extranjeras podía permanecer medio año en calidad de "turista" (tal como comúnmente a los visitantes al país vecino del norte se les suelen expedir los permisos para viajar con motivo de esparcimiento).
Evidentemente la asimetría de las economías entre el país más rico del mundo y México provoca condiciones diametralmente opuestas en cuanto a los mercados domésticos del ramo automotriz. Los norteamericanos por antonomasia necesitan trasladarse en vehículo privado -además de que su sistema económico claramente de perfil consumista y el acceso a créditos blandos con relativa facilidad dinamizan la comercialización masiva de autos nuevos año con año, que al paso del poco tiempo pierden gran parte de su valor comercial y con un poco más de años-; para los gringos las unidades automotrices de 8 o 10 años de antigüedad son consideradas chatarra, además de que por su propia cultura estos autos realmente tienen en muchas ocasiones deplorables condiciones mecánicas, que contribuyen a que su precio de comercio sea casi irrisorio para el poder de compra de un norteamericano promedio.
Obviamente lo que para el gringo común es un carro viejo y sin atractivo alguno para muchos mexicanos es la oportunidad de adquirir un carro familiar o de trabajo que le permita acceder a mejores condiciones de vida, puesto que esos carros deshechos allá son unidades de transporte privadas acá, que de no existir haría imposible para muchos compatriotas aspirar a poseer un vehículo familiar automotriz.
Bajo todas estas circunstancias y con unas fronteras abiertas desde 1994, paulatinamente ingresaron cada vez más "chatarras" a territorio nacional que, al extinguirse el plazo de los 6 meses, pasaban a un estatus de contrabando. Vale la pena aclarar que quien pueda introducir un auto con placas extranjeras seis meses debe ser una persona que cuente con ciudadanía también de otro país, por lo que la inmensa mayoría de los carros "chocolates" adquirían esa situación legal desde incluso su mismo traspaso fronterizo.
Al ocurrir esto, las unidades circulaban sin placas, por lo que eran fácilmente identificadas para ser sancionadas. Por la razón que sea, que no puede aceptarse que realmente sea solo para la defensa plena del patrimonio familiar, surgieron organizaciones que en clara violación a la ley (o marchando al borde de ella) expedían sus propias placas de protección. Onappafa es la más conocida de ellas, así que cualquier ciudadano que compraba un carro "chocolate", al acercarse a Onappafa y hacer un pago mínimo adquirían una cierta protección metajurídica.
A todo esto se hace referencia porque de un plumazo el Gobierno de López Obrador abre la puerta para legalizar algo que de origen fue puro contrabando. Es cierto que visto de forma directa esta normalización de los "chocolates" en primera instancia afecta al comercio formal del ramo, que tiene costos más elevados de origen por estar dentro de la ley, pero lo paradójico al final es que es el mercado al final de cuentas quien permitirá permanecer a los más competitivos.
Nadie tiene un carro de 10 o 15 años de antigüedad por gusto si pudiera tener uno reciente. Es cierto que de entrada todos los formales estarán en aprietos, pero la competencia también los tiene que llevar a ser más eficientes y ofrecer mejores condiciones a los consumidores finales si quieren prevalecer.
Quizá el presidente tomó esta acción acerca de la legalización de "chocolates" por muchos motivos menos el de incentivar el libre mercado y la competencia; como queriendo o no, así lo está haciendo. Ojalá el primer mandatario permita la libre competencia con reglas justas. Es mejor el estatismo anacrónico que tanto le gusta proponer, como ahora lo está haciendo con su propuesta de reforma al sector eléctrico.
